La fiscalía pide actuar contra una abogada por forzar la suspensión de un juicio

El tercer intento de celebrar el juicio contra el empresario de Vigo Ángel Suárez Ramilo, acusado de uno de los mayores fraudes de IVA descubierto en Galicia, que conlleva una condena de nueve años y 10 meses de prisión, ha sido inútil. La juez se vio obligada este martes a aplazar la vista una vez más cuando la letrada que representaba al empresario renunció a su defensa, mientras anunciaba una investigación contra ella por un posible fraude de ley y una multa de 12.000 euros.

La abogada Noemí Rodríguez García, del despacho de Garrigues en Vigo, pidió un aplazamiento de la vista para solicitar una prueba pericial y alegó que no contaba con todos los elementos necesarios para ejercer la defensa del acusado. Como el fiscal se opuso, la letrada optó por renunciar a la causa, forzando así la suspensión de la vista.

El fiscal advirtió a la abogada que estaba incurriendo en un fraude de ley y argumentó que ya se había aplazado el juicio en dos ocasiones y que el informe pericial al que esta se refería ya había sido anunciado en su escrito de defensa de 2012, por lo que tuvo tiempo suficiente para solicitarlo.

Al anuncio de abrir una investigación contra la letrada por parte del tribunal se unió luego un contundente escrito por parte del fiscal y el abogado del Estado, “dada la gravedad del hecho, y el abuso de derecho manifiesto”, denunciaron ante el juzgado.

Una vez suspendida la vista hasta el 20 de septiembre para que el acusado nombre a otro abogado, el representante del ministerio público y de la Agencia Estatal Tributaria ratificaron que se le impusiera a la letrada una multa de dos meses (la máxima prevista para estas faltas), con una cuota diaria de 200 euros, que supone la mitad de la prevista legalmente.

El escrito también subraya que la actuación de la letrada puede derivar en un delito penal, por lo que solicitaron que se deduzca testimonio de su actuación al juzgado de instrucción. “Es una grave negligencia que perjudica seriamente los intereses del defendido”, dada la reacción del empresario ante el tribunal, señalan los representantes de la acusación pública. Además, piden que se informe de los hechos al Colegio de Abogados.

El juicio por uno de los mayores fraudes de IVA descubierto en Galicia ya comenzó el pasado año con uno de los acusados declarado en rebeldía, el empresario de Baleares y principal eje del fraude, Miguel Ángel Ferrer Esperilla. Contra él ya se había dictado una orden de detención al no responder a ninguno de los requerimientos del juzgado y nadie esperaba su comparecencia en este tercer intento de juicio.

Ferrer Esperilla afronta una condena idéntica a la de Suárez Ramilo, que está acusado de cuatro delitos fiscales a Hacienda en su época de administrador del que fuera el mayor concesionario de motos en Galicia, Moto Pasión Vigo (Mopavi). Para el otro empresario de la trama, José Antonio Gómez, de Mos, propietario de la empresa Bike&Price, SL, el fiscal pide cuatro años y 10 meses y multa de 1,2 millones de euros.

A través de compras ficticias detectadas entre 2005 y 2007, las operaciones se realizaban en países de la UE porque el margen obtenido en la compra de motos dentro del mercado nacional era entonces del 7,59%, mientras el del mercado europeo doblaba los beneficios.