El Ayuntamiento de Madrid pide cuentas a Gallardón y Botella por los 12 años de gestión del PP

Esta mañana se ha constituido la comisión, bajo la presidencia de la primera teniente de alcalde, Marta Higueras (Ahora Madrid), con la participación de cuatro concejales del partido de gobierno (además de Higueras, Rita Maestre, Carlos Sánchez Mato y Mauricio Valiente), dos del Partido Socialista (Mercedes González y Ramón Silva) y uno de Ciudadanos (Miguel Ángel Redondo). Los cuatro concejales que le correspondían al Partido Popular no se han presentado.

Tras intentar (sin éxito) frenar la comisión alegando ante la Junta Electoral que no podía constituirse antes de las elecciones generales del 26 de junio, el PP interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado número 9 de Madrid. Ahora espera que el juez decida sobre petición de paralización cautelar. Alega el PP que el artículo 138 del Reglamento Orgánico del Pleno permite crear una “comisión no permanente para un asunto concreto”, pero no con carácter de “causa general”, como considera que es el caso.

De 990 a 7.700 millones de deuda

La comisión fue acordada en el pleno municipal del pasado 30 de marzo por consenso entre Ahora Madrid, el Partido Socialista y Ciudadanos, y con la oposición del PP, para investigar el origen del fuerte endeudamiento municipal (de 990 millones a finales del año 2000 hasta alcanzar los 7.733 millones a fines de 2012) y todas “aquellas operaciones que conllevaron sobrecostes o que pudieron ser lesivas para el Ayuntamiento y los intereses generales”.

Los trabajos de la comisión se han dividido en cuatro bloques: el primero analizará entre junio de 2016 y febrero de 2017 a cuatro sociedades y consorcios municipales: la Empresa Municipal de la Vivienda, Madrid Calle 30, la Empresa Mixta de Servicios Funerarios, Mercamadrid y Feria de Madrid (Ifema). En opinión del concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, estas sociedades “tienen un enorme poder económico que han utilizado a menudo en los últimos años de forma irregular o en beneficio de intereses económicos particulares, con un perjuicio importante para las arcas públicas”. “Todo ello hace necesario una profunda investigación para detectar las malas prácticas con el objeto de depurar responsabilidades políticas”, ha añadido Sánchez Mato.

El Ayuntamiento ha detectado numerosas irregularidades en Calle 30, entre ellas el pago de 1,5 millones por una red meteorológica inexistente. Además, ha cuestionado su modelo de gestión público-privada, que ha evaporado 502 millones entre 2006 y 2014. La Funeraria será municipalizada este año para ahorrar también gastos millonarios derivados de la participación privada. En Mercamadrid, el Ayuntamiento ha denunciado ante la Fiscalía un presunto delito de malversación en la época en que la presidía Concepción Dancausa, ahora delegada del Gobierno. Y en Ifema han trascendido altísimos gastos de protocolo de algunos directivos.

El IBI se dispara

Entre marzo y junio de 2017 se investigará la política fiscal y financiera y la gestión de la deuda, y en concreto los intereses de demora, el pago a proveedores, los derivados financieros (swaps), y los impuestos y tasas. Según Sánchez Mato, la política fiscal “ha sido irresponsable” por financiar gasto a través de endeudamiento en vez de a tributos. 

Cuando Gallardón llegó a la alcaldía, en mayo de 2003, Madrid debía a la banca 1.441 millones. A finales de 2012, eran 7.733 millones. En esa década invirtió 10.500 millones en modernizar Madrid, la mayor parte con préstamos. La presión de la deuda (que llegó a consumir uno de cada tres euros de presupuesto) vino acompañada por un subida de tributos. Sirva como ejemplo que la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles pasó de 408 millones en 2004 y a 1.335 millones en 2014.

En cuanto a la deuda comercial, cuando Gallardón dejó la alcaldía, en diciembre de 2011, los proveedores municipales cobraban con hasta un año de retraso. El Gobierno (PP) obligó a remediarlo, lo que sólo se logró tras dos rescates consecutivos para abonar más de 1.350 millones de euros en facturas atrasadas. Madrid pasó así tres años intervenido por el Ministerio de Hacienda.

El Ayuntamiento investigará también los contratos de instrumentos derivados (swaps) firmados por el PP, que actúan como cláusula suelo impidiendo beneficiarse de un Euribor bajo cero. De 2011 a agosto de 2015 costaron 247 millones a las arcas públicas.

 Obras con sobrecostes o sin terminar

Entre julio de 2017 y mayo de 2018 se tratarán la contratación pública, las obras y sus sobrecostes. En opinión de Sánchez Mato, “en multitud de ocasiones los gobernantes locales han favorecido determinados intereses económicos en perjuicio del intereses general, ocasionando un deterioro de la calidad de los servicios públicos”.

Se analizará así la construcción de la Caja Mágica y del Centro Acuático, las principales instalaciones olímpicas. La primera se adjudicó por 139,8 millones de euros y terminó costando 294 millones, a los que se sumaron hace un año 32,6 millones por sobrecostes ocultos. Se inauguró en 2009, pero apenas ha tenido uso. El Centro Acuático ni siquiera está terminado: ha costado 55 millones y precisa 55 millones más. El Ayuntamiento ha convencido al Atlético para que lo asuma.

La comisión investigará también la reforma del Palacio de Cibeles, que Gallardón obtuvo del Estado a cambio de inmuebles valorados en 360 millones; la obra posterior se inició con un presupuesto de 80 millones y terminó en 138 millones. En total, el edificio costó 500 millones. Y, por último, se estudiará el caso del pabellón deportivo Gallur, cuyas obras concluyeron el pasado verano pero, tras una inversión de 23 millones, requirió de un millón adicional por múltiples deficiencias.

En cuanto a los contratos municipales, se analizarán varios, incluido el de limpieza viaria (que Botella adjudicó con una rebaja del 23,7%, y ha supuesto un deterioro evidente del servicio); también se tratará la posible huella de la trama corrupta Púnica (la Audiencia Nacional ha requerido documentos al Ayuntamiento relacionados con la organización de fiestas y cabalgatas de Reyes).

Por último, entre junio y diciembre de 2018 se pondrá el foco en las actuaciones patrimoniales y, en concreto, en las desinversiones y convenios lesivos, las expropiaciones forzosas, las operaciones público-privadas y las grandes operaciones urbanísticas de los últimos años. Entre otras, por ejemplo, la Operación Calderón o la reforma del estadio Santiago Bernabéu. En este último caso, la Comisión Europea obligará tras las elecciones generales al Real Madrid a devolver 25 millones de euros en ayudas públicas derivadas de sus acuerdos urbanísticos. Según Sánchez Mato, se trata de “estudiar las actuaciones patrimoniales sospechosas de haber incurrido en malas prácticas”.

Venta de viviendas sociales a fondos de inversión

La comisión empezará investigando pues, en junio y julio, la gestión de la Empresa Municipal de la Vivienda, que estuvo al borde de la quiebra en 2013 debido a su fuerte endeudamiento contraído durante la burbuja inmobiliaria. Botella paralizó entonces la construcción de vivienda pública (que Ahora Madrid ha retomado), aceleró la colocación de 2.159 pisos sociales, y vendió al fondo de inversión Blackstone otros 1.860 alquilados a familias sin recursos. En total, la exalcaldesa se deshizo de una cuarta parte del parque de vivienda pública municipal; su intención era reducirlo a la mitad, pero el PP perdió las elecciones de mayo de 2015. Por entonces, el Ministerio de Hacienda ya alertaba de que la mayoría de desahucios se concentraban en las viviendas vendidas por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital a fondos de inversión.

Para investigar este asunto, Ahora Madrid, el PSOE y Ciudadanos han acordado esta mañana la comparecencia en comisión el próximo 17 de junio de Ana Botella y de su concejal de Urbanismo, Paz González; y del exconsejero delegado de la EMVS Fermín Oslé. Además, a iniciativa del PSOE, se convoca a Pablo Cavero y Borja Carabante, que entre 2012 y 2015 fueron, respectivamente, consejero y viceconsejero regional de Vivienda; ahora son concejales del PP en la capital. La concejal socialista Mercedes González lo justifica en que los pisos vendidos por la EMVS estaban calificados como de protección pública, y por tanto su enajenación requería de la autorización del Gobierno regional. “Se trata de comprobar si los requisitos exigidos para su venta cumplieron con las preceptivas normas, y cuáles fueron las actuaciones desarrolladas al efecto por la Consejería”, razona González.

Se convocará además a los exdirectores regionales de Vivienda Juan Van-Halen (2007-2013) y Ana Gomendio (2013-2015). Ambos fueron imputados por un presunto delito de malversación de fondos públicos y por prevaricación en la venta de 2.935 viviendas sociales al fondo de inversión Azora-Goldman-Sachs en 2013. Esa operación, realizada por el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (Ivima), es similar en apariencia a la de la EMVS; el PSOE llevó a los tribunales ambas, pero sólo prosperó en la que afecta al Gobierno regional.

Han sido convocados además cuatro ex altos cargos municipales: Pablo Olangua (director de Gestión de la EMVS ente 2012 y 2013), Rafael Requena (director de Servicios Jurídicos de la EMVS entre 2012 y 2015), Juan José de Gracia (coordinador de Gestión Urbanística entre 2011 y 2015) y Javier Tena (interventor de Urbanismo desde 2011 hasta la actualidad). En el caso de Tena, al seguir siendo trabajador municipal, sí estaría obligado a presentarse ante la comisión.

Queda por decidir aún los comparecientes de la segunda sesión sobre la EMVS, prevista para el 13 de julio.