El Ayuntamiento investiga a Botella por la venta de pisos sociales de la EMVS

A las diez de la mañana se constituye la comisión de investigación que analiza la deuda municipal, la contratación y las políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid durante los mandatos de Alberto Ruiz-Gallardón (2003-2011, PP) y Ana Botella (2012-2015, PP).

Su creación se acordó en el pleno municipal del pasado 30 de marzo por consenso entre Ahora Madrid, el Partido Socialista y Ciudadanos, y con la oposición del Partido Popular (que no formará parte de la comisión ni acudirá a sus sesiones). Se puso entonces el énfasis en analizar el origen del fuerte endeudamiento municipal de ese periodo, y de “aquellas operaciones que conllevaron sobrecostes o que pudieron ser lesivas para el Ayuntamiento y los intereses generales”.

En concreto, la proposición señalaba que la deuda pasó “de 990 millones a finales del año 2000 hasta alcanzar los 7.733 millones a fines de 2012”. “Una de las explicaciones fue el desorbitado incremento de los sobrecostes derivados del sistema de contratación pública, en especial en las empresas municipales”, añadía.

28 sesiones, una al mes

Bajo la presidencia de un concejal de Ahora Madrid, la comisión celebrará una sesión al mes hasta un total de 28 (es decir, durará prácticamente lo que queda de mandato). Se dividirá en cuatro bloques: empresas municipales (EMVS, Calle 30, Funeraria, Mercamadrid, Madrid Destino e Ifema); política fiscal y financiera y gestión de la deuda; contratación pública, obras y sobrecostes (incluye la construcción de la Caja Mágica, el soterramiento de la M-30, la reforma del Palacio de Cibeles, los contratos integrales y las tramas corruptas Púnica y Gürtel); y actuaciones patrimoniales (los convenios con el Real Madrid y el Atlético, etcétera).

En cada sesión podrán participar hasta 10 comparecientes; por regla general, se celebrarán dos sesiones por asunto a tratar, comenzando con la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS).

Esta sociedad estuvo al borde de la quiebra en 2013 debido a su fuerte endeudamiento durante la burbuja inmobiliaria. Botella paralizó entonces la construcción de vivienda pública (que Ahora Madrid ha retomado este año), aceleró la colocación de 2.159 pisos, y vendió al fondo de inversión Blackstone otros 1.860 alquilados a familias sin recursos. En total, la exalcaldesa se deshizo así de una cuarta parte del parque de vivienda pública municipal; su intención era reducirlo a la mitad, pero el PP perdió las elecciones de mayo de 2015. Por entonces, el Ministerio de Hacienda ya alertó de que la mayoría de desahucios se concentraban en las viviendas vendidas por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital a fondos de inversión.

Para investigar este asunto, Ahora Madrid y el PSOE coinciden en solicitar la comparecencia de Ana Botella y de su concejal de Urbanismo, Paz González; el ex consejero delegado de la EMVS Fermín Oslé; y los ex altos cargos municipales Juan José de Gracia, Rafael Requena y Pablo Olangua.

Ahora Madrid pide además que comparezca el exdirector municipal de Presupuestos, Santiago Ruedas. El PSOE, por su parte, llama a Pablo Cavero y Borja Carabante, que entonces (2012-2015) eran consejero y viceconsejero regional de Vivienda, respectivamente, y ahora son concejales del PP en la capital. La edil socialista Mercedes González lo justifica en que los pisos vendidos estaban calificados como de protección pública, y por tanto su enajenación requería de la autorización del Gobierno regional. “Se trata de comprobar si los requisitos exigidos para su venta cumplieron con las preceptivas normas, y cuáles fueron las actuaciones desarrolladas al efecto por la Consejería”, razona González.

También quiere el PSOE que comparezcan los exdirectores regionales de Vivienda Juan Van-Halen (2007-2013) y Ana Gomendio (2013-2015). Ahora Madrid coincide en el caso de Gomendio.

Ambos fueron imputados por un presunto delito de malversación de fondos públicos y prevaricación en la venta de 2.935 viviendas sociales al fondo de inversión Azora-Goldman-Sachs en 2013.

Esa operación, realizada por el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (Ivima), es similar en apariencia a la de la EMVS; el PSOE llevó a los tribunales ambas, pero sólo prosperó en la que atañe al Gobierno regional.

Las peticiones de comparecencia realizadas por Ahora Madrid y el PSOE incluyen también a representantes de Fidere (perteneciente al fondo de inversión Blackstone), de la auditora PwC (que analizó la EMVS) y de otras sociedades involucradas en mayor o menor medida en la operación.

También se cita a representantes de las familias afectadas por la venta de las viviendas sociales.

Forman parte de la comisión los concejales de Ahora Madrid Rita Maestre, Mauricio Valiente, Carlos Sánchez Mato y Marta Higueras; los ediles socialistas Mercedes González y Ramón Silva; y Silvia Elena Saavedra, de Ciudadanos. Al PP le correspondían cuatro integrantes, pero ha renunciado a nombrarlos al no querer formar parte de la comisión.