El cierre de Canal 9 destruyó cinco de cada seis empleos en el audiovisual
Un informe encargado por la Generalitat recomienda que el presupuesto de la nueva RTVV no supere los 50 millones
El cierre de Canal 9 Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) tuvo un "enorme impacto sobre el sector audiovisual valenciano". Un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), encargado por el Gobierno valenciano y hecho público hoy, afirma que entre 2013, año del cierre de Canal 9, y el año pasado se destruyeron cinco de cada seis empleos en el sector audiovisual de la comunidad autónoma. En 2015 había 1.085 personas ocupadas en este sector frente a las casi 6.800 registradas en 2012.
Las cifras de negocio del sector también se desplomaron mucho más que en el conjunto de España. Si a nivel estatal la crisis se tradujo en una reducción del volumen de facturación del 25%, en la Comunidad Valenciana la disminución de los ingresos del sector audiovisual fue del 64% entre 2008 y 2014 y apenas se superaron los 77 millones de euros de facturación en el último año registrado.
Cuestionan el trato de privilegio a los extrabajadores de RTVV
El Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha emitido un informe en el que rechaza que los extrabajadores de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) tengan un trato de "eventual privilegio" para acceder a la nueva cadena pública porque resultaría contrario a los principios legales de igualdad, mérito y capacidad.
El dictamen sobre la la proposición de ley de la nueva RTVV había sido solicitado por el Consell tras comprobar que en el dictamen de la proposición de ley había un voto particular del PP en el que se solicitaba este informe.
El órgano consultivo de la Generalitat afirma que "no se ajusta al ordenamiento jurídico" la disposición transitoria novena de la proposición de ley, referida al personal del extinto grupo RTVV, que contempla la posibilidad de que los extrabajadores puedan quedar exentos de realizar una parte de las pruebas selectivas de personal para ingresar en la nueva corporación audiovisual.
Según el Consell Jurídic Consultiu, el acuerdo entre los trabajadores y la sociedad liquidada "no puede vincular a la futura corporación". También recuerda que ese acuerdo fue impugnado y que los tribunales podrían declarar una nulidad de ese acuerdo.
Además, destaca que si se tratara de un supuesto de sucesión de empresas "sobraría" y "carecería de sentido" la disposición transitoria novena, puesto que el personal de la extinta RTVV pasaría a integrarse "directamente y de forma automática, sin necesidad de proceso selectivo ni prueba alguna".
El CJC destaca que la "difícil situación" que supuso el expediente de extinción de empleos no puede suponer que el legislador, "en su afán de recompensar al colectivo afectado en su momento, propicie una técnica que puede resultar contraria a los principios legales de igualdad, mérito y capacidad".
El dictamen admite la posibilidad de que en los procesos selectivos se pueda tener en cuenta, "con criterios objetivos", la prestación de servicios en entidades dedicadas a la prestación de servicios de radio y televisión, pero la puntuación que se otorgue a ello no determinará "por sí misma, en ningún caso, el resultado del proceso selectivo".
Por ello, propone que se suprima o que se clarifique esa disposición transitoria, para recordar que el proceso selectivo para la nueva RTVV se ajuste a los principios de igualdad, mérito y capacidad, lo que excluye la posibilidad de que "se exonere, sin más, a determinados aspirantes de realizar algunos ejercicios".
El dictamen, emitido con carácter urgente el pasado martes 17 de mayo, cuenta con dos votos particulares, de dos consejeros a propuesta del PP, que piden que el Consell emita criterio desfavorable a la tramitación de la proposición de ley porque implica un compromiso de incremento de créditos de los que se carece de disponibilidad.
El informe también analiza la apuesta del nuevo Consell de la Generalitat por la reapertura de la radio y televisión públicas valencianas y alerta de que, para que la nueva RTVV sea sostenible, también debe tener muy presente el estado de las finanzas públicas y las restricciones que de ella se derivan. "El presupuesto de la RTVV no debería superar los 50 millones de euros al año", señalan los técnicos que han tomado como referencia el coste por habitante de las tres televisiones públicas españolas de menor coste.
El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas considera que, con un presupuesto cercano a los 50 millones de euros, la nueva televisión tendría que generar 1.275 empleos, entre directos, indirectos e inducidos y generar otros 46 millones de euros de renta.
"Es necesario que el modelo de radiotelevisión pública elegido no suponga una amenaza para el costoso logro del objetivo de reducir el déficit público y que maximice su rentabilidad económica", señalan los expertos.
El estudio del impacto económico sobre la reapertura de la radio y televisión públicas valencianas es uno de los informes que el Consell aportará a las Cortes Valencianas, junto con el dictamen del Consell Jurídic Consultiu sobre la proposición de ley que tramitará el Parlamento y el visto bueno del Gobierno valenciano a la tramitación. En el dictamen favorable, que previsiblemente se aprobará este viernes, el Ejecutivo solicitará que se incluya en la ley una disposición adicional para transferir el presupuesto que ahora tiene Presidencia para poner en marcha la nueva televisión a la nueva corporación audiovisual.
Presidencia dispone de un presupuesto de 29 millones de euros, de los cuales 15 se destinarán a contratar producción audiovisual —mañana está previsto que se publique la convocatoria para seleccionar contenidos de programas, tras haberse publicado ya las convocatorias para contratar programas de ficción y documentales y animación—, cinco a la adecuación tecnológica de los platós y el material de emisión y quedará un remanente de nueve millones para contratar personal y hacer frente a los gastos de funcionamiento de 2016.
El secretario autonómico de Comunicación, José María Vidal, indicó que se trata de la mayor inversión en producción audiovisual de la Generalitat y que, con estas medidas, se pretende agilizar los trabajos del futuro Consell Rector de la nueva corporación de radio y televisión pública.
Vidal explicó que pretende dotar de seguridad jurídica al sector audiovisual y que, para ello, trabaja ya en la creación de un registro de empresas dedicadas al servicio de la comunicación audiovisual y una normativa coherente sobre los archivos audiovisuales públicos.
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