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IU y el defensor andaluz urgen la regulación del agua como derecho

La moción aprobada en la Cámara lleva más de medio año sin que se cumplan las propuestas

Una vecina de Sevilla afectada por la pobreza hídrica, en su casa sin suministro.
Una vecina de Sevilla afectada por la pobreza hídrica, en su casa sin suministro.

El agua es un derecho. Lo ha reconocido la ONU, el Parlamento andaluz a raíz de una iniciativa de IU, Cataluña, Asturias y Ayuntamientos como el de Córdoba. La Asamblea de Madrid debatirá el pacto del agua en breve con motivo de una proposición de ley. El defensor del pueblo andaluz, Jesús Maeztu, lo ha vuelto a reclamar este miércoles en Málaga, donde ha pedido una regulación que garantice que ninguna persona pueda verse privada del acceso al agua por razones de capacidad económica. Sin embargo, los intentos de regulación se siguen quedando a las puertas de una normativa clara.

Izquierda Unida consiguió en octubre que el Parlamento andaluz aprobara, con aportaciones del PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos, una moción en la que se defiende el acceso al agua como derecho humano. Ahora, el parlamentario José Antonio Castro (IU) ha instado al Consejo de Gobierno a que cumpla con el mandato de la Cámara en una nueva moción.

Castro reclama que se elabore un diagnóstico de la situación de los recursos; reducir las pérdidas en los suministro; una gestión integrada en todos los ámbitos; abrir un proceso de diálogo sobre la política de trasvases; la puesta en marcha, de manera urgente, del Observatorio del Agua; limitar los cánones para evitar el comercio y la financiación con un bien reconocido como derecho y, sobre todo, “soluciones reales y efectivas a la pobreza hídrica”, una medida que pasa por asegurar un abastecimiento mínimo de entre 60 y 100 litros por persona y día en caso de impago justificado y prohibir los cortes.

Maeztu, que ha presentado su informe especial Servicios de suministro. Garantías y derechos, cree es “necesaria una norma que diga que nadie puede no tener agua, lo que es compatible con el sostenimiento de las empresas suministradoras”.

La secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático, Belén Gualda, ha recogido el guante, pero sin aportar fechas ni compromisos concretos. "La Consejería trabaja para impulsar un paraguas normativo, de modo que esas ayudas no sean una cuestión voluntaria de las entidades locales, sino que haya un marco en el todas se muevan a la hora de garantizar la prestación del servicio lo máximo posible", ha afirmado a la demanda de un marco legal que prohíba los cortes de agua.

El pasado martes llegó a Madrid esta marea por un pacto social por el agua, en la que participa activamente  #iniciativagua2015, una red de entidades se defienden fundamentos y reglas básicas de un modelo basado en la transparencia, rendición de cuentas y participación social. Madrid debatirá una propuesta de Ley que parte de la premisa de que “el acceso al agua potable y al saneamiento básico constituye, sin ninguna duda, un componente esencial del derecho a un nivel de vida adecuado y condición indispensable para el disfrute de otros derechos como el derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda o a un medio ambiente sano”.

Este preámbulo responde a la Resolución (A/RES/64/292) de julio de 2010 de Naciones Unidas, que establece que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial. Pero también a una realidad. “En España, como consecuencia de la grave crisis económica, se ha producido una extensión notable de la pobreza, que afecta ya a amplios sectores de la sociedad, colocándolos en una situación de vulnerabilidad económica y social, y limitándoles drásticamente la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas. La denominada pobreza hídrica constituye una manifestación de estas situaciones de exclusión social”.