Una concejal del PP pide archivar el blanqueo por falta de pruebas

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Una concejal del grupo municipal popular del Ayuntamiento de Valencia ha pedido el sobreseimiento de la investigación por blanqueo, que forma parte del caso Taula, por falta de pruebas. La edil Beatriz Simón señala en el escrito enviado al juez, además, que las pesquisas por el supuesto blanqueo de 50.000 mediante la técnica que la Guardia Civil llama del "pitufeo" han mutado hacia la presunta financiación ilegal del PP de Valencia, de la que en todo caso serían responsables los administradores del partido, y no los miembros del grupo municipal.

Se trata de la primera concejal en pedir el sobreseimiento. Y sus argumentos anticipan la línea que mantendrá la mayoría de investigados —imputados— por blanqueo. Esta pieza separada de Taula afecta a 47 personas, incluido el propio PP como persona jurídica. Y el juez Víctor Gómez ha iniciado el procedimiento para pedir también la imputación de la exalcaldesa y senadora Rita Barberá así como del diputado autonómico Miguel Domínguez.

El blanqueo consistió, según la Fiscalía Anticorrupción, en que los miembros del grupo municipal ingresaron 1.000 euros en la cuenta del partido y lo recibieron en metálico de fondos de una caja b. La concejal destaca que la investigación "pivota sobre el presupuesto de un delito preexistente que dé origen a una cantidad de dinero ilícito necesitada de ser introducida en el circuito económico legal". Pero que no hay en el sumario indicios que apuntalen esa teoría.

"Tan solo existe una referencia vaga e inconcreta a la relación que supuestamente mantenía" la exconcejal popular y también imputada María José Alcón con Marcos Benavent, el ex alto cargo arrepentido cuyas grabaciones dieron origen al caso, "en torno al año 2006". Se refiere a una conversación en la que ambos hablan supuestamente sobre el reparto de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas.

"Hipótesis forzada"

La defensa de Simón considera que "pretender vincular hechos que distan en el tiempo el no desdeñable lapso de siete años" es una "hipótesis de trabajo un tanto forzada".

El escrito presentado por la edil sostiene igualmente que las últimas diligencias acordadas por el magistrado no se dirigen al "descubrimiento" del blanqueo, sino más bien" al delito electoral. El nombre técnico de la financiación ilegal de partidos políticos. Así sucede, señala, con las peticiones dirigidas al Tribunal de Cuentas y a la Junta Electoral.

El delito electoral es de carácter personal: pueden cometerlo los administradores electorales de una formación política y, en todo caso, sus cooperadores. Unas condiciones que no reuniría la concejal, según destaca en su petición de sobreseimiento, ni la mayoría de los miembros del grupo municipal.

La edil argumenta que realizó la transferencia de 1.000 euros a favor del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia. Pero que no existe "ningún elemento de carácter objetivo" que apunte a que después recibió el dinero de "alguna persona del Partido Popular o del grupo municipal del Partido Popular".

"Ningún coinvestigado afirma haber entregado una cantidad de dinero de ilícito origen" a Simón "para su posterior blanqueo", ni "ningún testigo dice haber presenciado la escena, ni tener siquiera conocimiento por referencias".

El supuesto blanqueo es una de las piezas separadas del caso Taula, centrado en su mayor parte en la presunta actividad de una trama del 3% que cobraba mordidas a cambio de adjudicaciones públicas en la Generalitat, la Diputación de Valencia y Ayuntamientos.