Cifuentes cierra Arpegio, una firma investigada en la Púnica

La presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, anunció ayer la disolución de la empresa pública Arpegio, encargada de la gestión del suelo de la región y que está siendo investigada dentro de la trama Púnica. Cifuentes aseguró que estos problemas judiciales no tienen nada que ver con el cierre, que persigue reducir “gasto público y prestar mejor servicio”. Las competencias de Arpegio pasarán a Arproma, otra compañía pública, y sus activos de suelo a la Comunidad de Madrid.

El nombre de Arpegio se ha vuelto muy incómodo para la Comunidad. La empresa 100% pública, que gestiona el suelo propiedad de la Administración autonómica y el plan Prisma (programa regional de inversiones), está siendo investigada por el juez Eloy Velasco dentro de la red Púnica. En este marco, Cifuentes anunció ayer su “extinción” tras la celebración del Consejo de Gobierno en Las Rozas, y la desvinculó de problemas judiciales.

La disolución de Arpegio persigue “ahorrar costes y reducir la estructura administrativa del Gobierno regional”, aseguró la presidenta. Nada que ver con cuestiones judiciales, en la que la actitud del Gobierno regional es “de colaboración total y absoluta”, dijo.

La transformación de la sociedad se llevará a cabo en dos fases. La primera supone el traspaso a Arproma, otra empresa pública, de la gestión del Prisma. Arproma también depende de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio como Arpegio y se encarga de promover, financiar y gestionar la construcción de toda clase de infraestructuras.

Esta sociedad mantendrá su objeto social, pero pasará a llamarse Obras de Madrid. En una segunda fase, se iniciará el proceso para la extinción de la empresa pública Nuevo Arpegio, que implicará el traspaso de los activos de suelo a la Comunidad.

Uno de los problemas a los que se enfrenta Arpegio se debe a las recalificaciones de suelo que llevó a cabo en diferentes municipios de Madrid. La Audiencia Nacional está indagando algunas de estas modificaciones, en las que supuestamente mediaron comisiones durante la época de Granados como alto cargo de la Comunidad. Entonces se encontraba al frente de la Dirección General de Administración Local Jaime González Taboada, ahora consejero de Medio Ambiente y número tres de Cifuentes.

Gastos adicionales

Otra de las grandes misiones de Arpegio era la gestión del Prisma, que consiguió en 2006 cuando Granados era consejero de Presidencia y máximo responsable de la empresa. A finales de este año finaliza el último plan vigente desde 2008, que ha contado con un presupuesto de 700 millones. Los socialistas han pedido que en el nuevo Prisma los Ayuntamientos recuperen el protagonismo que les quitó Arpegio, y tengan mayor capacidad de decisión.

Los gastos de 16,6 millones que realizó Arpegio entre 2006 y 2007 en la gestión del Prisma, pero al margen del presupuesto de 582 millones, persiguen todavía a Cifuentes y a Taboada, que era el encargado de gestionar con los Ayuntamientos los fondos del plan. El importe se destinó a relaciones públicas, publicidad y primeras piedras. Arpegio envió una factura por ese importe a la Comunidad de Madrid, que ha puesto pegas para pagarla y que todavía no ha resuelto qué hacer con ella. Taboada ha explicado que él no tiene nada que ver con la gestión de Arpegio, porque es una sociedad con su propio consejo de administración.

Los millones de los que la Comunidad no se quiere hacer cargo se fueron en cuestiones como colocar una primera piedra de la comisaría de policía de Alcalá de Henares (una carpa con un monolito del evento y un cóctel), que costó 28.232 euros. Se abonaron otros 28.072 euros en traer 10.000 paraguas y bolígrafos desde China en avión urgente