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El desmantelamiento de Cepes en Andalucía

La confederación andaluza de empresas de economía social debe a sus trabajadores 480.000 euros

El presidente de Cepes en Andalucía, José María Algora.
El presidente de Cepes en Andalucía, José María Algora.

La página web de la entidad da error, no hay nadie tras las redes sociales, no hay proyectos. La Confederación de Empresarios de Economía Social en Andalucía (Cepes-A) ha limitado su actividad a la representación de sus 17 federaciones andaluzas. Los 13 trabajadores de la plantilla que hacía funcionar la maquinaria han sido despedidos a lo largo del último año por la asfixiante situación económica de la entidad, dependiente de fondos públicos y de sus asociados. Cepes les debe 180.000 euros en nóminas y 300.000 en indemnizaciones.

Este martes se ha celebrado en Sevilla el juicio de cuatro trabajadores en una demanda colectiva en la que los empleados defienden que el despido no fue objetivo. Tras declarar las partes, ha quedado visto para sentencia. "La empresa sigue adelante, se continúa la obra de uno de los edificios... No esperamos en la vida que nos pudiera suceder esto, no pensamos que nos tocaría. En 2014 cambió la dirección y esperábamos que se tomaran cartas en el asunto, pero no ha sido así", apunta de forma anónima la portavoz de un grupo de trabajadores afectados por los despidos. La entidad pide tiempo.

“Estamos convencidos de que la situación se va a resolver. La máxima prioridad de la presidencia es pagarles lo que se les debe”, apunta José María Algora, presidente de Cepes en Andalucía, que asumió su cargo el pasado 2014 después de que su predecesor, Antonio Romero, gestionara la entidad durante 17 años. Algora achaca la crisis que dirige a los retrasos en pagos de las administraciones públicas. “Con la cantidad de recursos que estamos pendientes de cobrar habrá financiación de sobra para pagar lo que se debe a los trabajadores”, añade Algora, que espera solventar la situación en los próximos meses. “La crisis afecta a todas las instituciones y nosotros hemos sido los últimos en despedir a la gente”, resalta el dirigente.

Tras los despidos, Cepes ha quedado compuesto por 34 personas en la Junta Rectora, dos por cada una de las 17 federaciones, y otras 10 en la Comisión Ejecutiva. Entre ellos se reparten el trabajo que ha quedado pendiente, según Alcolea. “Ahora hacemos representación y defensa, que es para lo que surgió Cepes. En este momento hemos limitado los gastos al mínimo y los que quedamos no cobramos nada, es todo trabajo voluntario, ni nóminas ni dietas”, apunta el presidente.

De forma paralela a esta crisis, a Cepes se le ha sumado la deuda en la construcción de un edificio de nueva planta en el parque tecnológico de La Cartuja de Sevilla. Un edificio cuya construcción está presupuestada en 6,8 millones de euros y que debería estar culminado este 2016. El Gobierno andaluz quiso que la confederación tuviese una sede social de organizaciones, pero también se complicaron los pagos. “Se ha firmado un acuerdo entre la constructora y la entidad financiera para acabar el edificio. Si no lo terminamos en este ejercicio incumplimos el expediente administrativo por el que se gestó el proyecto. Lo importante ahora es terminarlo para ponerlo en valor”, apunta Algora.

Juan Antonio Pedreño, presidente de Cepes en España, un órgano independiente al andaluz, considera que esta situación es reversible. "Lamentamos estos hechos porque influyen en la visibilidad de la economía social, pero a pesar de lo ocurrido en Cepes Andalucía, los socios individuales están razonablemente bien. Es fundamental que la Economía Social esté apegada al territorio para crear riqueza", ha considerado.

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