Desahucios patrióticos

La Comisión Europea abrió el pasado 28 de abril un procedimiento de infracción para que España armonizara su ley con las directivas comunitarias y garantizara de una vez los derechos de los ciudadanos afectados por la abusiva normativa sobre desahucios. No es que Europa se haya convertido en un referente ético —ahí están los refugiados, el vergonzante Brexit o la nocturnidad con la que se negocia el TTIP con Estados Unidos—, pero España va con tanto retraso que la posmodernidad de Bruselas resulta un referente moral frente a la premodernidad que abandera el Partido Popular. El caso es que el PP prefiere pasar bajo las horcas caudinas del poder financiero a liberar la legislación de cláusulas abusivas como le pide Europa desde 1993.

Este déjà vu ha contado desde la pasada semana con la decisión del Partido Popular de recurrir al Tribunal Constitucional la ley sobre emergencia habitacional y pobreza energética que el Parlament aprobó por unanimidad. En lugar de prestar oídos a lo que desde Cataluña y otras comunidades se legisla para paliar situaciones de indefensión de los ciudadanos, el Gobierno del PP ha decidido erigirse en campeón de la unidad de España, celoso de sus competencias constitucionales. Y ha puesto en práctica su peculiar concepto de igualdad, con más ribetes de capitalismo manchesteriano que de sociedad del bienestar del siglo XXI. Mejor que todos los ciudadanos queden igualados por la franja baja. Por ello el Gobierno central ha recurrido cinco preceptos que solo en lo que va de año han evitado más de 600 desahucios en Barcelona, unos 300 en L’Hospitalet de Llobregat o más de 150 en Badalona. Cada día se ejecutan 43 lanzamientos.

Esas trágicas cifras movieron, el 23 de julio de 2015, al Parlament a aprobar por unanimidad -hubo abstenciones del PP y Ciudadanos en tres artículos— la ley de la emergencia habitacional y pobreza energética. “Son medidas del sentido común de la calle: poner fin a las deudas de por vida, a los cortes de suministro, que los pisos vacíos cumplan su función social y garantizar el realojamiento de todas aquellas personas que lo necesiten; hoy hemos demostrado que la ciudadanía organizada es imparable y que cuando el Parlament acompaña a la iniciativa ciudadana tenemos una imagen que no tiene precio”.

El Gobierno ha recurrido cinco preceptos que han evitado más de 600 desahucios en Barcelona, unos 300 en L’Hospitalet de Llobregat o más de 150 en Badalona este 2016. Cada día se ejecutan 43 lanzamientos.

Estas palabras las pronunció Carlos Macías, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, desde el atril de la Cámara catalana antes de que el pleno votara esta ley, fruto de una Iniciativa Legislativa Popular. “Hemos llegado a acuerdos. Partíamos de bases ideológicas distintas, pero creo que esta es la grandeza precisamente no solo de la democracia, sino de que hablando la gente se entiende. Hoy por tanto será un día histórico en este Parlament”, subrayó en su intervención el diputado del PP Rafael López.

Algún malpensado puede creer que eso fue expresión de puro populismo, de poner la emoción por encima de la razón. Otros opinarán que tal vez se tratase de una manifestación de bajos instintos electorales, pues Cataluña se hallaba ante los comicios del 27-S y en Madrid se preparaban las generales del 20-D.

No obstante, también podía ser la expresión simple y llana del sentido común. Si el Estado ha inyectado a la banca 246.928 millones de euros —incluyendo ayudas, avales y garantías, según el FROB— no es descabellado que en época de crisis las entidades financieras, en su condición de grandes tenedoras de vivienda, estén obligadas a ofrecer alquiler social a un afectado por un lanzamiento, a extinguir la deuda de los avaladores en caso de la dación en pago de la vivienda, o a aceptar que una persona desahuciada pueda recuperar su piso pagando el mismo precio que ofrezca en su caso un fondo buitre, como establece la ley catalana.

Pero “no es posible tener legislaciones asimétricas y que haya unos derechos o no dependiendo del territorio donde estén los bienes. Hay que garantizar la igualdad de los españoles”, recalcó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría al notificar la salomónica, constitucional y escasamente política decisión del Ejecutivo. Hay nacionalismos separatistas que nacen como respuesta a los nacionalismos separadores, decía Castelao. De momento el Gobierno del PP ha dado alas al independentismo más conservador para compartir la primera línea de combate social con alcaldes y alcaldesas de la vieja y nueva izquierda. Y todo lo hace, asegura, para acabar con los privilegios. Aunque no lo parezca.