El PP deja sola a Rita Barberá y sus concejales imputados por blanqueo

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El PP ha dejado este viernes solos ante el juez a la exalcaldesa Rita Barberá y sus concejales imputados por un supuesto delito de blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia dentro del caso Taula. El representante del partido —que está imputado en la causa como persona jurídica— ha declarado que la formación desconocía la existencia de la cuenta bancaria presuntamente utilizada para perpetrar el delito, así como de sus movimientos. Las supuestas irregularidades cometidas a través de esta cuenta serían, según esta versión, responsabilidad exclusiva de los integrantes del grupo municipal del PP de Valencia que encabezaba la exregidora y ahora senadora.

El representante del PP también ha negado que los 1.000 euros ingresados en esta cuenta bancaria, bloqueada por el magistrado instructor, por medio centenar de miembros del grupo municipal poco antes de las elecciones locales de 2015 puedan considerarse una donación al Partido Popular para financiar la campaña. Esta ha sido la explicación ofrecida en el proceso judicial por Barberá y los concejales implicados.

Según la Fiscalía Anticorrupción, tras ingresar los 1.000 euros en la cuenta bancaria, a los donantes se les devolvió el dinero en dos billetes de 500 procedentes de la caja b de la formación.

El representante del PP, que ha comparecido ante el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, ha afirmado que las donaciones que recibe el PP las centraliza la dirección nacional con el objetivo de no superar el límite legal de aportaciones externas que marca la legislación electoral. Y que la dirección nacional no tiene constancia de esa donación individual de 1.000 euros realizada por los miembros del grupo municipal.

El enviado por el Partido Popular para declarar ante el juez se ha negado a contestar a los abogados de sus concejales imputados por este delito, según han asegurado fuentes conocedoras de su declaración. La negativa refleja el fuerte enfrentamiento que mantiene la fuerza política con sus ediles —nueve de los 10 concejales del partido en el Ayuntamiento están implicados en el caso—, que se han negado a dimitir a pesar de habérselo pedido la dirección del PP en la Comunidad Valenciana.

El PP es, como persona jurídica, uno de los 47 imputados por supuesto blanqueo de capitales en el grupo popular del Ayuntamiento de Valencia. El magistrado instructor, Víctor Gómez, ha pedido al Tribunal Supremo que investigue —impute— a la exalcaldesa Barberá por estos hechos.

El representante del PP ha justificado el supuesto desconocimiento de la cuenta bancaria del partido en Valencia alegando que la fuerza política no puede controlar todas las que tiene en los municipios españoles y en otras instituciones, ni informar de ellas al Tribunal de Cuentas. Y que la fiscalización de estas cuentas es tarea de los departamentos de intervención de cada organismo. La intervención del Ayuntamiento de Valencia ha dicho que no tuvo conocimiento de la existencia de la cuenta investigada por la justicia.

La operación de blanqueo consistió, según los investigadores, en que medio centenar de miembros del grupo municipal del PP ingresaron 1.000 euros cada uno en la cuenta del partido y recibieron ese importe en metálico de fondos de origen desconocido.

Esa cuenta del PP de Valencia, abierta en el Banco Sabadell, recibió, además, numerosas aportaciones anónimas durante más de una década. Ello ha llevado al magistrado a emprender otra vía de investigación por supuesta financiación ilegal —delito electoral— del partido, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.

Como legal representante del PP ha comparecido Jorge Carbó, letrado habitual del PP de la Comunidad Valenciana y miembro de su dirección en la ciudad de Valencia. Carbó fue letrado de uno de los presuntos cabecillas de Taula, el ex alto cargo Emilio Llopis, en su querella contra EL PAÍS por publicar una conversación que le implica en el caso, una denuncia que fue archivada por la justicia.

La pieza del blanqueo es solo una pequeña parte del caso Taula. Y la única que no está bajo secreto de sumario. El grueso de la investigación está centrada en una supuesta trama del 3% vinculada al PP valenciano que cobró mordidas por centenares de contratos de obras y servicios adjudicados por la Generalitat, la Diputación de Valencia y varios Ayuntamientos. Una parte de las comisiones sirvió presuntamente para financiar irregularmente al Partido Popular en la Comunidad Valenciana.