La Fiscalía pide hasta 17 años para una mafia de carceleros y policías

La Audiencia de Barcelona juzgó una presunta trama corrupta de funcionarios de prisiones, policías y delincuentes comunes el pasado 26 de abril. La Sección Octava dirimió dos incidentes distintos, con algunos protagonistas en común: el intento de introducir un paquete de hachís en la prisión de Brians, para perjudicar a un preso; y, a la vez, de manera paralela, el secuestro fallido de dos presuntos ladrones, por petición de sus víctimas, que buscaban escarmentarles con sus propios métodos. Dos policías locales de Badalona se enfrentan a 16 años de cárcel; dos funcionaros de prisiones, a cinco, y los otros cuatro acusados deberán responder a la petición de hasta 17 años. El caso quedó visto para sentencia el jueves.

Ocurrió hace seis años, en 2010. Entonces los Mossos d’Esquadra detuvieron a Manuel B., Alfonso C., José Ramón F. y Clemente P. por intentar introducir hachís en la celda de un preso, Alcides Gerardo G. La intención, según el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso EL PAÍS, era evitar que el interno continuase gozando de los permisos de tercer grado que tenía. O incluso que fuese acusado de tráfico de drogas.

Según el ministerio público, Manuel B. es el que buscaba complicarle la vida al interno, con el que supuestamente tenía asuntos pendientes. Su objetivo era que la “sustancia fuera encontrada en uno de los registros que se efectúan en prisión”, sostiene la fiscal Sònia Canal. Para conseguirlo, Manuel B. acudió primero a un exfuncionario de prisiones, Alfonso C., que a su vez recurrió a dos funcionarios que estaban en activo en aquella época: Clemente P., y el que fuese miembro del sindicato CSIF, José Ramón F.

Los tres mantuvieron varias reuniones, en las que hablaban en clave del “libro”, en referencia a la droga. Finalmente, José Ramón F. “contactó en varias ocasiones con el acusado Alfonso C. y le informó de que la sustancia estupefaciente, el libro, se hallaba dentro del centro penitenciario”, según la fiscal. Aunque la droga nunca se encontró.

Ese mismo año, investigadores de los Mossos supieron de la intención de dos hermanos, Juan Antonio F. y Torcuato F., de dar con los hombres que sospechaban que habían robado en casa de un ellos, en Gavà. El contacto era de nuevo Manuel B. A cambio de 1.500 euros, le pidieron que diese con Jorge Elicer R., alias el Alemán o el Gordo, y Erik Felipe V., alias Dayron, que les secuestren y que se los dejen a ellos para que les puedan dar su merecido por haberles robado y haber herido a la mujer de uno de ellos.

Para conseguir los datos de los dos sospechosos, Manuel B., junto con Alfonso C., contactó presuntamente con dos policías de la Guardia Urbana de Badalona, Javier S. y Jaime G. A cambio de 500 euros, estos “efectuaron múltiples gestiones, entre ellas, entraron en el Sistema de Identificación Policial y el resto de registros policiales para consultar múltiples datos de carácter personal como sus domicilios, vehículos, personas con las que se relacionaban y antecedentes policiales”, recoge la Fiscalía. El objetivo era “identificar y localizar a los dos individuos, y sacaron fichas policiales con sus fotografías” para que les pudiesen reconocer.

Los acusados encontraron a una de las dos personas a las que buscaban, lo que llevó a la policía catalana a precipitar la operación para evitar que la cosa fuese a más. Fue el 10 de noviembre de 2010. En el domicilio de uno de los acusados, los Mossos encontraron informes y datos de los dos objetivos.

Además, coincide que uno de los dos policías de Badalona estaba casado con una prima del exalcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, que se vio salpicado por el caso Pretoria, de corrupción urbanística.