La corrupción, zarza ardiente

Desde hace casi tres años la glasnost intenta sobrevivir en el cada vez más desvencijado edificio de Convergència Democrática. Pero el destino se empeña en enterrarla. En realidad, CDC huye del ruido de la corrupción al modo de la familia que protagoniza Los forjadores de imperio. Al igual que en la obra de Boris Vian, el grupo parental va menguando devorado. Las bajas en CDC son tan numerosas que recomiendan buscar un nuevo edificio (sede), cambiar de vida y regenerarse (rechazar las “donaciones” a sus fundaciones) y buscar un nuevo nombre (denominación que tomará el renovado sincretismo ideológico), como, aseguran, se plantea el congreso de este próximo mes de julio.

Se impone un golpe de timón que haga virar 180 grados a Convergència. Es insostenible que la Generalitat hace tres años —cuando estaba liderada por Artur Mas— se comprometiera a poner en marcha una serie de medidas anticorrupción de las que hasta ahora (cuando faltan apenas 14 meses para la independencia, según el calendario juliano) solo ha aplicado el 10% de esas propuestas anunciadas a bombo y platillo. Si en tres años se ha avanzado tan poco, ¿llegaremos a las puertas de la independencia convenientemente saneados? En pleno proceso soberanista, cuando CDC está dispuesta a cambiar de nombre e incluso a hacer primarias, la pata de la mesa que cojeaba con Pujol sigue dando guerra.

Vayamos por partes. Febrero de 2013: Artur Mas se reúne solemnemente con los máximos responsables de los mecanismos de control institucional —sindicaturas de Cuentas y de Greuges y Oficina Antifraude— para visualizar que pone en marcha una serie de medidas anticorrupción que calmen la indignación ciudadana y que hagan creíble que el partido no es el de siempre. En esas fechas Oriol Pujol comienza a estar en la cuerda floja de la imputación (renunciaría al escaño al año), mientras que el diputado de CiU Xavier Crespo está en los tribunales acusado de recibir favores de la mafia rusa cuando era alcalde de Lloret, lo que confirmó una sentencia condenatoria de 2015.

2014 fue el annus horribilis de CDC. Se hundió buena parte del edificio con la confesión de Jordi Pujol y familia, por mucho que la cúpula del partido se empeñase en presentarlo como “un caso estrictamente personal”. Mientras CDC todavía recogía cascotes del hundimiento de su gran bóveda de arista, el partido nacionalista se veía obligado a proponer —en febrero de 2015— un nuevo plan de transparencia.

El 17 de ese mes, Mas nombró a la jueza Núria Bassols comisionada para la Transparencia. La designación —que se pretendió estelar— fue un fracaso. Un año después, Bassols fue destituida del cargo por un motivo nada baladí. En octubre de 2015 su marido, Josep Antoni Rosell —número dos de la empresa Infrasestructures.cat, la mayor licitadora de obra pública de la Generalitat— había sido detenido, imputado por el caso 3%. La fiscalía sospecha que la Generalitat dio contratos a medida a empresas constructoras gracias a las cuales CDC recibía donaciones coincidentes con el 3% del valor de la obra. Aunque Francesc Sánchez, secretario de organización de CDC, confesara a este diario: “Aún no sabemos qué es el 3%”, Esquerra parece que lo intuye. Después de su llegada al Gobierno, Rosell y su esposa, la comisionada para la Transparencia, fueron relevados de los cargos en los CDC los mantenía.

La secuencia del despropósito culmina el pasado mes de enero con un propósito de enmienda. El Gobierno de Puigdemont se avino a crear una comisión parlamentaria contra la corrupción. El problema es que con este asunto la corrupción es en Convergència una suerte de bíblica zarza ardiente. Siempre en llamas pero nunca se consume. Tres años después de impulsada la glasnost de Artur Mas, solo se ha cumplido el 10% de las medidas previstas y eso no anima mucho al pueblo elegido a ser dirigido para cruzar el desierto hacia la tierra prometida.

Tal vez CDC no sepa qué es el 3%, pero seguro que Esquerra Republicana lo intuye. Por ello no estaría de más que la Generalitat se personara como parte perjudicada en el caso 3%, ese siniestro encarecimiento que sufrieron las obras para que las empresas adjudicataria pagaran con cargo al erario público el peaje que supuestamente iba a parar a las arcas de Convergència. De otra manera, como la familia de Los forjadores de imperio, los viejos y conocidos ruidos perseguirán a CDC allá dónde se mude.