El juez de la Púnica quiere investigar al exalcalde de Móstoles

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor del caso Púnica, ha remitido un oficio a la Asamblea de Madrid en el que pide que confirme si el exalcalde de Móstoles Daniel Ortiz ocupa en la actualidad un puesto de diputado regional. Esta petición podría ser el primer paso para iniciar una investigación judicial a Ortiz.

Según las investigaciones de la UCO, Ortiz, diputado del PP en la Asamblea de Madrid desde las elecciones de mayo de 2015 y exalcalde de Móstoles, intermedió para que Cofely, la principal empresa de la trama Púnica, ganara un macrocontrato de alumbrado en esta localidad de 200.000 habitantes al sur de Madrid, por 75 millones de euros. Los agentes remitieron al juez un informe 

El juez Velasco ha remitido la consulta a la Comunidad para saber si es competente para continuar con el proceso o si, en el caso de ser aforado debería remitir la parte de la causa que afecta a Ortiz al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La UCO remitió un informe de más de 300 páginas al magistrado en septiembre de 2015 en el que revela que el exalcalde de Móstoles influyó en la adjudicación del contrato millonario a Cofely, una multinacional de servicios energéticos y uno de los centros de la trama Púnica, para el suministro, servicios energéticos y mantenimiento de los edificios municipales y centros educativos del municipio madrileño.

El documento relata cómo "el concierto delictivo" pretendía influir en el concurso para que fuera Cofely la adjudicataria, "independientemente de cuál fuese la oferta económicamente más ventajosa", a cambio del pago de "notorias comisiones a cargos públicos vinculados al Consistorio de Móstoles". Según las investigaciones de la Guardia Civil, el entonces alcalde y un concejal habían "adquirido un compromiso previo con Cofely incluso antes de la publicación del contrato".

El concejal al que se refieren los agentes era Alejandro Utrilla, edil adjunto de Medio Ambiente en el municipio, que pudo cometer delitos de fraude, revelación de secretos y cohecho. El exalcalde,  sería autor de delitos de cohecho y fraude, según los investigadores. La empresa se había comprometido a pagar una mordida de 240.000 euros a cambio de las facilidades para obtener el contrato.