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Carmena congela el acceso de okupas a pisos sociales por las críticas de PSOE y Ganemos

El gobierno municipal aplaza la aprobación del nuevo reglamento ante la incomodidad socialista y la división en Ahora Madrid

Rita Maestre (en el centro), en la rueda de prensa de esta mañana tras la Junta de Gobierno.
Rita Maestre (en el centro), en la rueda de prensa de esta mañana tras la Junta de Gobierno.AYUNTAMIENTO DE MADRID

El Ayuntamiento de la capital, que dirige Manuela Carmena, ha decidido posponer el debate previsto para el pleno de la próxima semana sobre el nuevo reglamento de acceso a la vivienda pública, después de que la comisión municipal de Derechos Sociales tumbara el pasado martes el texto debido a la abstención del PSOE. El gobierno municipal (Ahora Madrid) gana tiempo así para negociar con los socialistas, que mantienen a Carmena con su apoyo en la alcaldía. Además, Ganemos (uno de los componente de Ahora Madrid) ha ahondado esta mañana en la división al emitir un comunicado en el que aboga por permitir a los okupas el acceso a un piso municipal.

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La anterior alcaldesa, Ana Botella (Partido Popular), aprobó en 2012 un reglamento para regular el acceso a las viviendas sociales que ahora Carmena quiere modificar. El objetivo de la regidora es rebajar los requisitos económicos y facilitar una vía rápida a las familias más necesitadas, pero, además, prevé cambiar también la cláusula que afecta a los okupas.

El reglamento en vigor establece como requisito que el solicitante de vivienda pública no se encuentre okupando un piso municipal o regional, y descarta a todo aquel que lo haya hecho en los últimos 10 años. El nuevo texto elimina este último punto, de forma que un okupa podrá acceder a un piso público (siempre y cuando cumpla los mismos requisitos que el resto de ciudadanos) si antes abandona la vivienda que habita ilegalmente.

Esta redacción no convenció el pasado martes al PSOE (que se abstuvo, como Ciudadanos; el Partido Popular votó en contra), pese a que rebaja el anuncio realizado por Ahora Madrid el pasado mes de octubre. Entonces, el gobierno municipal avanzó que permitiría acceder a un piso social a quien pudiera acreditar que llevaba ya dos años okupándolo. Trataba así de regularizar la situación de familias que, por necesidad, han okupado una vivienda, pero no tenía en cuenta el componente violento y mafioso de algunas okupaciones.

91 pisos municipales okupados

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El Ayuntamiento tiene 6.280 viviendas sociales, de las que 91 están okupadas. La sociedad estatal Sareb se ha comprometido a facilitarle 300 viviendas adicionales para alquiler social, pero al menos 150 de ellas están también okupadas.

Esta mañana, Ganemos ha abogado en un comunicado por recuperar la redacción anunciada en octubre, suprimiendo el requisito de no estar okupando una vivienda en el momento de pedir un piso público. “No es justo porque la situación de ocupación irregular es, en la práctica totalidad de los casos, la materialización de una situación de necesidad de vivienda”, explica Ganemos. Este movimiento ciudadano plantea otros cambios en el reglamento, como eliminar el requisito de dos años de empadronamiento en la capital para acceder a una vivienda municipal.

Ganemos proponía “retrasar la aprobación del reglamento para que se realicen debates públicos donde la ciudadanía y los colectivos más implicados puedan aportar más enmiendas y alegaciones”. Y eso es lo que ha anunciado esta mañana la portavoz municipal, Rita Maestre, en la línea de lo ya hablado con el PSOE.

“Vamos a retirarlo del orden del día [del próximo pleno] porque es un tema complejo; existen muchas sensibilidades, intereses y percepciones distintas, no sólo entre los grupos políticos sino también en las asociaciones vecinales y la ciudadanía. Vamos a dar al tema un poco más de tiempo para reflexionar y debatirlo, para sacar adelante un reglamento en el que estemos todos de acuerdo y que satisfaga a todos”, ha explicado Maestre en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada esta mañana.

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