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Los okupas podrán tener una vivienda social si dejan antes el piso okupado

El PSOE se abstiene y tumba el nuevo reglamento de acceso a la vivienda protegida, que será examinado de todas formas en pleno

Manuela Carmena, ayer en un desayuno informativo. Ampliar foto
Manuela Carmena, ayer en un desayuno informativo. GETTY IMAGES

La abstención del Partido Socialista ha evitado hoy que se aprobara en comisión el nuevo reglamento del Ayuntamiento de Madrid para regular la entrega de vivienda pública, que permite por primera vez a okupas acceder a un piso social siempre y cuando hayan abandonado antes el que habitaban ilegalmente. Ahora Madrid respaldó el documento, pero no fue suficiente ante la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del Partido Popular. Pese a ello, el reglamento volverá a examinarse y recibirá su votación definitiva en el pleno de la semana próxima.

Marcha atrás a la regularización anunciada en octubre

  • El reglamento aprobado en 2012 por Ana Botella establecía como requisito que el solicitante de vivienda pública no se encontrase okupando un piso municipal o regional, y descartaba a aquel que lo hubiera hecho en los últimos 10 años. Manuela Carmena elimina este último punto, de forma que un okupa podrá acceder a un piso público si cumple los requisitos y abandona antes la vivienda que habitaba ilegalmente.
  • El pasado octubre, el gobierno municipal de Carmena avanzó que permitiría acceder a un piso social a quien pudiera acreditar que llevaba ya dos años okupándolo.
    El Ayuntamiento tiene 6.280 viviendas sociales, de las que 91 están okupadas. La sociedad estatal Sareb se ha comprometido a facilitarle 300 viviendas adicionales para alquiler social, pero al menos 150 de ellas están también okupadas.

El gobierno municipal, que preside Manuela Carmena (Ahora Madrid), ya anunció el pasado mes de octubre su intención de modificar (y relajar) las condiciones de acceso a una vivienda pública. La concejal de Derechos Sociales, Marta Higueras, anunció entonces que se retomaría la construcción de pisos protegidos, revirtiendo así la decisión de la anterior alcaldesa, Ana Botella (PP), que en 2012 decidió congelarla al considerar que ya no era necesaria.

Así, hasta 2019 el Ayuntamiento construirá 3.570 viviendas (770 empezarán este año), según avanzó ayer Carmena. Hay una lista de espera de 6.000 personas, prácticamente la mitad que cuando Botella congeló su construcción.

Tras su toma de posesión en junio, Carmena paralizó la venta de pisos sociales aprobada por Botella, y decidió que todos pasaron a régimen de alquiler. Ahora quiere modificar otras condiciones de acceso reguladas en el reglamento aprobado por su predecesora en 2012. El nuevo texto elimina el requisito de no tener concedida otro piso de alquiler social (pensando en quien lo tiene pero no puede pagarlo). Rebaja de cinco a dos años el plazo en el que no se podrá acceder a vivienda pública en caso de renunciar a una, y exime a quien lo haga por una merma de ingresos. Elimina el máximo de 150 metros cuadrados para las viviendas. El programa para jóvenes sube el límite de 30 a 35 años. Y se permite el cambio de vivienda, cuando crezca o decrezca la familia o por problemas de salud o “circunstancias sociales”.

Vía rápida de acceso

Además, se crea una vía rápida de asignación de pisos públicos para “situaciones de atención prioritaria”. Podrán beneficiarse quienes aquellos que lleven más de dos años en Madrid, no superen los 1.864 euros de renta familiar, no tengan otra casa y cumplan uno de estos requisitos: haber sido desahuciados por falta de ingresos o problemas de salud; haber perdido la vivienda por ser víctimas de violencia de género o porque se haya derrumbado o esté muy dañada; habitar una infravivienda; o tener más de 65 años y problemas de movilidad.

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