La policía multará por cacas de perro e ‘indultará’ a cambio de barrer Madrid

La alcaldesa de la capital, Manuela Carmena (Ahora Madrid), avanzó esta mañana que el Ayuntamiento prepara “una enorme campaña de multas” contra los dueños de perros que “dejen las heces” en calle o parques. “Y se van a quedar sorprendidos porque la ordenanza es muy dura”, añadió. La norma, elaborada por Alberto Ruiz-Gallardón (Partido Popular), prevé sanciones de 751 a 1.500 euros. El Ayuntamiento ultima un reglamento para permitir que las multas se compensen con trabajos para la comunidad, como “limpiar o barrer” la calle, explicó.

La alcaldesa relató en un desayuno informativo organizado por Europa Press que el Ayuntamiento “ha detectado las horas en las que se producen fundamentalmente” esas infracciones. Así, la campaña comenzará en dos distritos (que no desveló), “con [agentes de la] Policía Municipal que van a ir a esas horas donde hemos detectado que hay más indolencia por parte de los dueños”.

La Concejalía de Salud y Seguridad, que dirige Javier Barbero, ultima “un protocolo” para “sustituir” dichas multas “por trabajos de limpieza”, según la alcaldesa. “Va a haber la posibilidad de ir de nueve de la mañana a dos de la tarde, los sábados y domingo, a limpiar o a barrer” para compensar la sanción económica, indicó.

La Ordenanza de Limpieza de Espacios Públicos califica como infracción grave castigada con entre 751 y 1.500 euros de multa “incumplir la obligación de recogida y limpieza inmediata de las deyecciones de perros u otros animales”. El responsable es "la persona que lleva al animal" y, de forma subsidiaria, su “titular” (dueño).

La ordenanza permite que, en el caso de infracciones leves por “verter en espacios públicos residuos derivados del consumo privado” (por ejemplo, restos de un botellón), se pueda conmutar de forma voluntaria la multa (en este caso, de hasta 750 euros) por “una prestación personal de servicios de limpieza en la vía pública”. Además, la norma permite sustituir, con carácter general, cualquier multa “por trabajos en beneficio de la comunidad” o “cualquier otra medida alternativa con la finalidad de sensibilizar al infractor sobre las normas de conducta en el espacio urbano”.

Sobre esta base normativa, el Ayuntamiento planea tener lista para junio una resolución de la Dirección General de Limpieza que permita conmutar por trabajos de limpieza de la vía pública las sanciones económicas por cualquier falta leve (hasta 750 euros, por tirar papeles o colillas al suelo, dar de comer a las palomas, rebuscar en cubos de basura o hacer pintadas) o por las faltas graves de no recoger los excrementos de perro o realizar las necesidades fisiológicas en la calle.

La alcaldesa sólo mencionó que habrá una campaña policial respecto a los excrementos animales, sin aludir al resto de infracciones (lo que no excluye que también se vigilen con especial celo por parte de los agentes).

La multa podrá sustituirse (siempre voluntariamente) por la “asistencia a las actividades educativas o de sensibilización relacionadas con el medioambiente”, o por “el barrido manual de espacios públicos”. La duración de estos trabajos dependerá de la cuantía de la sanción: cuatro horas por cada 100 euros, hasta llegar a las 28 horas por faltas graves.

Se repartirán en jornadas de cuatro u ocho horas, de forma que podrán durar hasta dos fines de semana (el doble en caso de menores, que no podrán asistir más de cuatro horas de un tirón). Un tutor vigilará que se lleve a cabo satisfactoriamente la labor; en caso contrario, se mantendrá la sanción económica.

Excremento cada 500 metros

El Ayuntamiento se ha negado a revelar el número de sanciones que se imponen anualmente a dueños de perros por este motivo.

En 2011, la entonces directora municipal de Gestión Ambiental, Fátima Núñez (PP), admitió que había un excremento canino cada 500 metros de acera. Según denunció entonces UPyD, entre 2007 y 2011 sólo se impusieron ocho sanciones por ese motivo. Según el PSOE, en 2012 se pusieron cinco multas y en 2014 fueron 14.

Otros municipios de la región han adoptado estrategias activas contra este problema. En 2013, Galapagar anunció una patrulla “anticacas” con inspectores de incógnito. Brunete probó a devolver en una caja los excrementos a sus dueños a domicilio, como aviso antes de multar. En 2014, Colmenar Viejo contrató a detectives privados para grabar a los dueños en pos de pruebas incriminatorias. En Móstoles, se animó a voluntarios a convertirse en “patrullas caninas de información”. Y en Getafe se planteó incluso seguir el ejemplo de Xàtiva (Valencia) y crear una base de datos con el ADN de los perros para identificar el excremento (el dueño pagaría la multa y el análisis genético).