Los mineros piden que se desproteja el suelo del aeropuerto de Campo Real

En Campo Real hay una reserva de 8.500 hectáreas donde se iba a levantar el aeropuerto que sustituiría al colapsado Barajas de principios de la década anterior. El proyecto fallido es hoy una enorme extensión de terreno protegida. El Gobierno regional de Alberto Ruiz-Gallardón (PP) reservó el suelo para que Fomento pudiese levantar un nuevo aeródromo sin problemas. Dos décadas después, EL PAÍS recorre esos parajes. De aquella idea solo quedan las ilusiones rotas de un pueblo que esperaba crecer y las quejas de las empresas mineras, que no pueden abrir nuevas bocas para extraer calizas.

José lo recuerda bien. En 1999, Alberto Ruiz-Gallardón, entonces candidato a presidir la Comunidad de Madrid, subió con él y otros vecinos a lo más alto de su pueblo. Desde allí, y frente a la inmensa llanura de un campo de trigo y cebada, Gallardón les dijo a los presentes que Campo Real iba a ser “la puerta de entrada de América en Europa”. José reconoce que al principio se lo tomó a guasa —“ya será menos”, pensó este agricultor de 67 años—, pero él y el resto de sus vecinos —trabajadores del campo también— siguieron escuchando atentos: en este pueblo de 5.775 habitantes, situado al sureste, se iba a construir el gran aeropuerto de la región. El más importante del sur de Europa, prosiguió el candidato. Aquel que iba a descongestionar Barajas. Y que generaría, además, 5.000 puestos de trabajo por cada millón de pasajeros (se preveían 150 millones). Pero, a día de hoy, nada de eso ha sucedido. Ni se espera que ocurra en esta legislatura. “Y casi mejor. Porque a saber qué hubiera pasado con nuestras tierras”, comenta José.

El Gobierno regional reservó en 1996 esa altiplanicie —a 745 metros de altura— como el lugar más adecuado para construir las instalaciones. El aeródromo se extendería a lo ancho de 8.466 hectáreas y abarcaría los términos de Campo Real, Valdilecha, Pozuelo del Rey, Morata, Perales y Arganda. Una faraónica operación que incluía, además, una estación de Metro y otra de AVE. En total, se requería una inversión de entre 1,5 y 2 billones de pesetas (12.000 millones de euros). Por aquella época, Gallardón mantenía que Barajas tenía una vida máxima de 15 a 20 años, por lo que había que comenzar de inmediato las obras.

La reserva de suelo para usos aeroportuarios levantó suspicacias: además de los agricultores, como José, el Ministerio de Fomento se mostró más partidario, en principio, de ampliar Barajas para aliviar su saturación. Algo que, finalmente, se llevaría a cabo con el denominado Plan Barajas y la inauguración, en 2006, de la T4. Quedaba, sin embargo, otro frente abierto: en el área donde se iba a construir el aeropuerto de Campo Real había tres minas de caliza; otras ocho contaban con permisos de investigación, y al menos siete habían solicitado nuevas extracciones. Ante esto, y viendo que las empresas mineras podían reclamar derechos de explotación y habría que indemnizarlas, el Gobierno regional declaró en 2001 todo el subsuelo de la zona afectada no registrable [prohibición para reclamar futuros derechos mineros], lo que soliviantó al sector de la minería.

César Luaces, director general de la Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos, lo recuerda bien: “Esa situación se ha ido prorrogando a pesar de que a día de hoy el aeropuerto no está construido. Propusimos hacer nuestras extracciones de forma coordinada con el avance de la construcción del aeropuerto o que la caducidad de los nuevos derechos de explotación minera estuviese vinculada al desarrollo del mismo. Porque esto nos ha ocasionado una pérdida de oportunidades, además de no permitirnos mejorar las instalaciones”. En la actualidad, unas 15 empresas cuentan con derechos mineros en la zona. El recurso natural de esta comarca es la caliza. Con ella se fabrican áridos que van a parar a la industria del hormigón, por ejemplo. “Sin nuestro sector no hay construcción”, zanja este experto.

Desde la Consejería de Economía confirman que la moratoria, en efecto, continúa. Al menos hasta el 30 de septiembre, fecha en la que el Consejo de Gobierno deberá prorrogar —o no— el veto a nuevos asentamientos mineros.

“Es una pena que el aeropuerto no se concretara. Habría sido una inyección para el pueblo. Nosotros habríamos dado más comidas; aquí nos conocemos ya todos”, se lamenta tras la barra Juan Redondo. Diecisiete años después, Campo Real sigue siendo ese pueblo tranquilo al que llegó un día el aspirante con más opciones a ganar.