Ruiz-Gallardón reserva para el futuro aeropuerto 1.000 hectáreas

El Gobierno regional quiere despejar definitivamente el horizonte urbanístico del futuro aeropuerto de Campo Real, cuya inauguración está prevista para 2015. El último Consejo de Gobierno declaró 'no registrable' [prohibición para reclamar futuros derechos mineros] todo el subsuelo de 'la zona afectada por el proyecto de estudio del nuevo aeropuerto' (unas mil hectáreas). La medida se ha tomado para impedir que las mineras sigan reclamando derechos de explotación e investigación sobre los terrenos donde está previsto construir el aeropuerto internacional.

En el área donde previsiblemente se construirá el futuro aeropuerto -que sustituiría al de Madrid-Barajas en 2015- hay ya tres minas de caliza, otras ocho cuentan con permisos de investigación y al menos siete más han solicitado empezar nuevas extracciones. La Consejería de Medio Ambiente, que debe realizar las tramitaciones previas a la concesión de las explotaciones mineras, ha rechazado en los últimos años la mayoría de las peticiones. Medio Ambiente esgrime que existen demasiadas canteras en el entorno y que resulta 'injustificado' abrir nuevos frentes de mina cuando aún se mantienen en funcionamiento otros a los que les quedan más de 15 años de vida.

De todas formas, en algunas ocasiones Medio Ambiente no ha encontrado motivos justificados para denegar nuevas explotaciones, por lo que sus técnicos han tenido que firmar el visto bueno ambiental. Así ocurrió a finales de 2000 con la minera Aricemex, que reclamó explotar 178 hectáreas de subsuelo en Campo Real. El Gobierno, no obstante, anunció a renglón seguido que la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, que es la que debe dar el último permiso de explotación, lo denegaría, y que la Consejería de Obras Púbicas tampoco firmaría la calificación urbanística necesaria para poner en marcha el negocio.

El Ejecutivo de Alberto Ruiz-Gallardón, ante la avalancha de peticiones de explotación de minas de calizas en Campo Real, ha decidido ahora unificar todos los criterios: ha prohibido directamente que nuevas empresas mineras registren sus derechos de explotación.

El acuerdo tomado por el Consejo de Gobierno el pasado jueves señala: 'Atendiendo a la necesidad de salvaguardar la viabilidad económica y técnica del proyecto [del nuevo aero-puerto], dada la situación socioeconómica de la comarca y la inversión prevista [unos 300.000 millones de pesetas]', se declara 'no registrables, por razones de interés público, la zona afectada por la realización del proyecto para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Madrid'.

Obras incompatibles

El Gobierno regional afirma en su orden que la Comunidad podrá recuperar, además, las concesiones que tengan permiso de investigación, cuando 'la obra se incluya en el área en la que se desarrolle el proyecto del nuevo aeropuerto y resulte incompatible con el mismo'.

Las autorizaciones administrativas no otorgadas (a mineras que cuentan con un permiso inicial, pero que no han comenzado las excavaciones) 'quedarán en suspenso hasta el 31 de diciembre de 2003'. En cuanto 'a los procedimientos ya iniciados pero no resueltos, como los que se presenten a partir de la publicación del presente acuerdo', la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica 'ajustará su actuación a los criterios precedentes [negación de nuevas autorizaciones]', según el acuerdo del Consejo de Gobierno. Por último, las 'concesiones existentes a la entrada en vigor del presente acuerdo [tres] no podrán sufrir modificaciones'.

El consejero de Obras Públicas, Luis Eduardo Cortés, reconoce que el Gobierno ha tomado esta medida para mantener libre el suelo donde se edificará el aeropuerto. Cortés, no obstante, admite que los límites de la reserva están 'abiertos', ya que el proyecto del aeropuerto 'aún no ha sido realizado'.

El diputado socialista Modesto Nolla cree que la decisión gubernamental es 'una aberración', porque 'se delimitan derechos [mineros] en virtud de un proyecto de aeropuerto que no existe'. Nolla afirma que la reserva de suelo aprobada afecta a 'más de 7.000 hectáreas, que es lo que mide el término de Campo Real y parte de Morata y Valdilecha, que también están afectados'.