El diputado implicado en Taula: “Yo no estaba en el ambiente político”

Miquel Domínguez, diputado del PP en las Cortes Valencianas, se ha defendido por escrito de su implicación en el supuesto delito de blanqueo de capitales cometido en el Ayuntamiento de Valencia que se investiga en el caso Taula. El que fuera concejal de Seguridad de la exalcaldesa Rita Barberá ha alegado ante el juez instructor que cuando se cometieron presuntamente los hechos, en marzo de 2015, él estaba "fuera del ambiente político diario", y que no participó en la campaña electoral de las municipales.

Domínguez ha pedido al magistrado que rechace la petición de la Fiscalía de elevar acusación formal contra él ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, al ser aforado dada su condición de parlamentario autonómico. El juez le había dado, como a Barberá, la oportunidad de alegar lo que considerase oportuno para defenderse antes de resolver la petición del ministerio público.

El fiscal considera que existen indicios de que Domínguez participó, junto a otro medio centenar de miembros del grupo municipal del PP, en una operación de blanqueo de capitales siguiendo lo que la Guardia Civil describe como sistema del "pitufeo". Los miembros del grupo habrían ingresado 1.000 euros cada uno en una cuenta del partido con el fin de financiar la campaña de las elecciones locales de mayo de 2015 y habrían recibido al mismo tiempo el dinero en metálico, en dos billetes de 500 euros.

El origen de esos fondos se desconoce, pero en el sumario obran indicios que apuntan a que podían provenir del cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. Una práctica que centra el grueso de la investigación del caso Taula y que, según cree la Fiscalía Anticorrupción, se extendió por la Diputación de Valencia, Generalitat y Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana.

Domínguez reconoce en el escrito, fechado el jueves 14 de abril y dirigido al juez instructor, Víctor Gómez, que hizo la donación de 1.000 euros a la cuenta del PP en respuesta "a la petición por parte del grupo municipal popular". El ingreso bancario ya había sido detectada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Pero niega que el dinero le fuera devuelto en efectivo.

"Difícil situación del PP"

"Como quiera que se estaba en plena campaña para las elecciones locales y autonómicas y dada la difícil situación por la que que atravesaba el PP en aquellos momentos, en nada le sorprendió la petición, considerándola lógica y hasta conveniente", indica el escrito firmado por su abogado.

El ahora diputado regional afirma que no tuvo participación en la última campaña electoral de Barberá. "En ese momento no formaba parte de la candidatura popular al Ayuntamiento de Valencia, pues la alcaldesa no había contado con él para ir en las listas municipales". Domínguez afirma que debido a la enfermedad de su madre solo pudo dedicar "algo de tiempo a la campaña autonómica, pero no participó en reunión alguna ni en actos de la campaña municipal".

El parlamentario añade que no tuvo "conocimiento de cuántos de los otros concejales hicieron esa o parecida aportación, y menos si lo hizo asesor alguno. Tampoco en ningún momento se le comentó la posible devolución de la aportación realizada".

El escrito que Domínguez ha dirigido al juez es más corto que el que hace unas semanas remitió Barberá al instructor. El diputado señala que, aparte de la donación, "no aparece relacionado con hecho alguno de los que se investigan". Y que en su cuenta bancaria "no consta ingreso alguno de efectivo", ni tampoco existe "dato alguno que denote proximidad al dominio material sobre el dinero de supuesto origen ilícito".

El exresponsable de la Policía Local se distancia de sus antiguos compañeros del grupo municipal, varios de los cuales, según ha revelado la UCO, ingresaron 1.000 euros o cantidades aproximadas en el banco justo después de haber realizado la donación bajo sospecha en la cuenta del partido.

Domínguez adelantó este miércoles que no dimitirá aunque el juez desoiga sus argumentos y sea imputado por el Tribunal Superior valenciano. El diputado aseguró que lo que hará si resulta imputado —investigado, según la nueva denominación judicial— será abandonar el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes y pasar al de no adscritos.

Su postura es similar a la de sus excompañeros y actuales concejales del PP en Valencia, que se han negado a entregar el acta como le pedía la dirección regional del partido. Y como la de Barberá, que ha recordado que los estatutos de su formación fijan la apertura del juicio oral como el momento en que deben adoptarse medidas contra los afectados por causas judiciales.