El fiscal pide imputar al director del Parque de Guadarrama por prevaricación

Un juzgado de Torrelaguna investiga desde 2007 la presunta ilegalidad de unas obras de construcción y una corta de árboles en un entorno natural protegido de la localidad. El delito urbanístico ya ha prescrito, después de años de inacción judicial, pero la causa por un posible delito medioambiental continúa. De hecho, el fiscal ha pedido imputar por prevaricación en un nuevo procedimiento al codirector del Parque Nacional de Guadarrama Pablo Sanjuanbenito, que aprobó aquella corta de árboles y una subvención para llevarla a cabo cuando era jefe de Desarrollo del Plan Forestal de la Consejería de Medio Ambiente.

La petición del fiscal se hizo en un escrito firmado en febrero de 2015, al que ha tenido acceso este diario, y fue asumida por el magistrado en un auto 15 días después, sin embargo, no ha sido comunicada a las partes hasta el mes pasado. Mientras Pablo Sanjuanbenito asegura que el juzgado no le ha informado absolutamente de nada, los denunciantes, la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ArbaTJM), han pedido al juez las diligencias previas para poder personarse en ese nuevo procedimiento, a la vez que se han quejado amargamente de la lentitud y la falta de impulso del procedimiento.

La finca Dehesa Vieja de Torrelaguna (un municipio de 4.788 habitantes a 52 kilómetros al norte de la capital) es privada —está nombre de la empresa Merinin S. L., de Javier Fernández Merino—, pero sus más de 250 hectáreas están sometidas a un régimen especial porque se trata de un “monte preservado” con especies protegidas como el alcornoque. De hecho, esta es una de las dos mayores manchas de este árbol, declarado de “especial interés”, que quedan en la Comunidad de Madrid (la otra está en Hoyo de Manzanares).

En 2007, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrelaguna empezó investigar una denuncia de la asociación ecologista ArbaTJM contra el dueño de la finca por unas obras de rehabilitación de varias construcciones en ruinas llevadas a cabo “sin licencia ni calificación urbanística en suelo no urbanizable” y por haberlas continuado pese al acta de paralización firmada en marzo de 2006 por los agentes forestales de la Comunidad de Madrid.

Todo esto, sumado a “un vallado sin autorización sobre una vía pecuaria” son los hechos que revestían “caracteres” de delitos contra la ordenación del territorio y de desobediencia, según el escrito firmado por el fiscal del caso el 24 de febrero de 2015 en el que pide que se declare su prescripción porque llevaban más de tres años sin ser investigados por el juzgado. Ello, a pesar “de los numerosos escritos presentados por las partes instando el impulso del procedimiento”, añade el texto.

Pero en ese mismo escrito, el fiscal recuerda que el límite para los delitos medioambientales son cinco años, por lo que no solo pide nuevas diligencias en este caso, sino que también reclama la apertura de “un proceso penal separado” en el que se impute por una posible prevaricación a Pablo Sanjuanbenito por haber dictado las resoluciones en las que autorizaba “la realización de cortas y otros trabajos” en la Dehesa Vieja de Torrelaguna sin contar previamente con proyecto de ordenación. Este plan, que tiene que especificar qué se puede cortar y limpiar y cómo, era obligatorio para aprobar estos trabajos, señala el fiscal, “al tratarse de una finca particular de más de 100 hectáreas de extensión”.

“Como jefe del área de Desarrollo de Plan Forestal, yo era responsable de la autorización de los tratamientos selvícolas [cortas de mejora o regeneración de una masa forestal]. Firmé miles en los años que estuve allí”, explica por teléfono a este periódico Pablo Sanjuanbenito, que hoy ocupa el puesto de codirector conservador en la parte madrileña del Parque Nacional Sierra de Guadarrama. “No tengo ninguna noticia de esto [la petición del fiscal de imputarle, el auto posterior del magistrado del Juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Torrelaguna] y ni ninguna comunicación del juez. Si ocurre, rescataré aquel expediente que ahora mismo no recuerdo, pero le puedo decir que normalmente se aprobaban tras el informe de los técnicos y de los agentes forestales”.

El 2 de octubre de 2006, varios meses después del conflicto por las obras en la finca Dehesa Vieja, Sanjuanbenito firmó la concesión de una ayuda económica y a finales de ese mismo mes las resoluciones que autorizaban los trabajos de corta y otros como la mejora de caminos o de las prevenciones contra incendios. El 9 de noviembre, los agentes forestales redactaron por su parte un acta de paralización de las labores porque no contaban con el preceptivo proyecto de ordenación.

Esta vez los trabajos tampoco se detuvieron. De hecho, la Consejería de Medio Ambiente les dio el visto bueno en un documento oficial del 1 de diciembre, a pesar de que 17 días después los agentes forestales constataron en un nuevo informe que se estaba produciendo “una alteración sustancial del estado físico” con “maquinaria pesada” y que, además, en una zona de nidificación de una pareja de águila real. La subvención pública concedido a estas labores ascendió a casi 48.000 euros: 33.625 en 2006 y 14.333 en 2007.