El centro comercial de Madrid Río intensifica las obras tras cumplir las exigencias de Carmena

Plaza Río 2, el centro comercial que el grupo francés LGSI levanta junto al parque de Madrid Río, ha intensificado los trabajos de construcción con la intención de abrir sus puertas en otoño de 2017. Después de meses de polémica, y aunque las asociaciones de vecinos y arquitectos siguen posicionándose en contra, la promotora ha vuelto a retocar el proyecto, algo que demandaba el Gobierno municipal presidido por Manuela Carmena (Ahora Madrid). Con el nuevo diseño, el centro, en el que se invertirán 150 millones de euros, cambia su fachada, que será más urbana y moderna, con cristaleras y luces, y no tan palaciega como pretendía la promotora. Y de nuevo se reforma la conexión entre los dos bordes del río, que llegó a desaparecer del proyecto. La calle de Matilde Gayo, que seguirá siendo privada, será peatonal, estará abierta las 24 horas del día y ganará cuatro metros más de ancho.

La empresa asegura que el diseño soluciona "la permeabilidad" por la calle de Antonio López lo que, como en el caso de la fachada, no supone ningún cambio sustancial en el proyecto. Ambos elementos se han modificado tras la petición que hizo el Consistorio en las reuniones que mantuvieron ambas partes entre septiembre y octubre de 2015. El consejero delegado de LGSI en España, Bertrand Chevallereau, ha explicado que el clima de diálogo con el Ayuntamiento ha sido bueno en todo momento y que solo han tenido que realizar "ajustes sobre la marcha". Para Chevallereau, los cambios han sido fruto de un "consenso" tras un "diálogo constructivo" con el Gobierno local que sigue existiendo, aunque ya no se reúnen.

"Quizás fuimos nosotros los equivocados. Íbamos muy rápido y entendimos la zona de una forma menos urbana. Reconozco que el Ayuntamiento, muy sensible a la sostenibilidad, nos ayudó", ha precisado este jueves Chevallereau en la presentación del complejo ante los medios de comunicación en un hotel del centro de la capital. Luego, se ha marchado con su equipo y algunos empresarios a la ribera del Manzanares para conocer in situ el estado de la obra, que se inició en mayo de 2015. El nuevo centro supondrá el octavo gran espacio comercial para la sociedad LGSI en la región (el primero que abrió fue el de La Vaguada, en 1983) y el número 25 en España.

Tras ralentizar los trabajos por miedo a que el Ayuntamiento parara la obra (la propia Carmena dijo tras las elecciones municipales que el proyecto no tenía sentido), la actividad se ha potencializado hasta tal punto que ya se han construido las tres plantas de aparcamientos (1.500 plazas) y dos de los tres pisos que van a ocupar 180 firmas, entre ellas algunas de las más prestigiosas del mundo. Ya se ha comprometido un 40% del espacio con grandes marcas y ahora se estudiarán otras propuestas, algunas de ellas con medianos y pequeños comerciantes, para cuyas solicitudes la sociedad ha abierto una oficina comercial en el mismo lugar donde se levantará el complejo.

El centro tendrá 40.000 metros cuadrados y se centrará especialmente en el sector textil, pero también integrará un mirador, de 3.000 metros cuadrados, que coronará la estructura. En ese espacio se abrirán ocho restaurantes en los que será posible "disfrutar de las vistas de Madrid Río, el matadero (un centro cultural que está enfrente) y del resto de la ciudad", según los promotores.

Sin licencia de obra

La promotora asegura que el centro comercial se levanta sin licencia de obra, ya que una ley regional aprobada en 2012 por el Gobierno de Esperanza Aguirre (PP) lo posibilita.  Según la norma, en lugar de ese trámite administrativo, al promotor le basta con hacer una declaración de responsabilidad que no solo permite su ejecución, sino que también posibilita el inicio de la actividad. En la afirmación, el interesado debe asegurar que el proyecto cumple con la legislación vigente. Si lo incumple, se enfrenta a sanciones que oscilan entre los 600 y los tres millones de euros. En caso de infracción grave, las autoridades pueden obligar al promotor a restaurar "el orden jurídico infringido o la realidad física alterada", lo que podría derivar, incluso, en una orden de derribo.

"La nueva normativa tiene virtudes, porque es más ágil, pero también defectos", sostiene Chevallereau. Ellos tuvieron que realizar una nueva declaración de responsabilidad con el último diseño, a finales de 2015, tras los cambios en la fachada y la calle que une ambos márgenes del río. El Ayuntamiento, sin embargo, certifica que la obra tiene todas las licencias necesarias (además de la declaración responsable). Aseguran que la ley regional no exime de tener las preceptivas licencias en regla, como es el caso.

Para el presidente de la Asociación de Vecinos Pasillo Verde (distrito de Arganzuela), Pelayo Gutiérrez, el problema del proyecto es que ya está aprobado "y poco se puede hacer". En su opinión, las reuniones entre el Ayuntamiento y el promotor han conseguido "modificar algo y paliar el impacto" que tiene el centro comercial, que califica de "agresión" al proyecto de Madrid Río. "Yo paso por allí todos los días y sustancialmente no ha cambiado en nada. Lo veo como el proyecto inicial, que pretendía abrir una calle central que llegaron a eliminar". Gutiérrez afirma que las asociaciones vecinales entienden que exista un desarrollo económico, pero advierte de que se genera un problema de movilidad y de tráfico. Los promotores aseguran que habrá un ajuste de circulación, que estudiará el Consistorio, y que la mayoría de vecinos están encantados con la construcción de un centro que creará 2.000 empleos y visitarán entre 12 y 14 millones de personas al año.

Entre 2010 y 2011, el Ayuntamiento encargó y aprobó la redacción del Plan Director de Renovación Urbana del Entorno del río Manzanares. El documento, no normativo, establecía los parámetros necesarios para remozar la zona.  En junio de 2013, el Consistorio aprobó levantar el centro comercial. En un principio incluía, además, una torre de 27 alturas de uso hostelero y un espacio libre para continuar el viario, que se desestimaron en la aprobación definitiva del plan, el 28 de abril de 2015, el último pleno antes de las elecciones municipales. En ese momento, Ana Botella (PP) era la alcaldesa de la capital. Se presentaron más de 300 alegaciones al proyecto, la principal porque la construcción iba a impedir la conexión entre los dos márgenes del río.