La Educación de nuestros hijos: Un asunto de Estado

En el año en que nuestra Constitución cumple 38 años, todavía hay derechos consagrados en ella a los que les queda un largo camino para alcanzar su pleno desarrollo.

Es el caso del derecho a la educación, cuya expresión máxima se traduce en que ésta sea universal, gratuita y de la máxima calidad en todos los niveles educativos. El derecho a la educación es la piedra angular sobre la que debe cimentarse, junto a otros derechos fundamentales, la arquitectura jurídico-política sobre la que hacer efectiva una igualdad real de oportunidades entre todos los españoles. Es de todo punto imposible construir una sociedad verdaderamente desarrollada, moderna, abierta y libre sin garantizar una igualdad efectiva de oportunidades a todos sus ciudadanos. El acceso a una educación pública y gratuita de calidad es la principal palanca de lo que se conoce como “ascensor social” y gracias al cual el progreso y el crecimiento individual deja de depender del lugar de nacimiento o de la situación socioeconómica familiar para depender del esfuerzo, la constancia y el talento personal.

Ya lo apuntaban con sagacidad anticipatoria los padres de la Constitución liberal de Cádiz de 1812 y así lo recoge la Constitución vigente cuyos redactores tenían muy presente que reforzando la garantía de ejercicio de este derecho, avanzaríamos sin duda en la construcción de una sociedad de ciudadanos libres, iguales y protegidos frente a las tentaciones de la manipulación, el pensamiento único y la demagogia en sus distintas manifestaciones.

Hemos avanzado mucho en estos 38 años de historia, garantizando la obligatoriedad de la educación básica y desarrollando un sistema educativo propio de un país avanzado, pero debemos seguir avanzando en la línea de garantizar la gratuidad y calidad educativa a la que aspiramos muchos españoles.

En Ciudadanos somos plenamente conscientes de la necesidad de diseñar un sistema educativo que pueda asemejarse al existente en países como Finlandia u otros del norte de Europa, donde hace más de cincuenta años fueron capaces de ponerse de acuerdo para articular un modelo educativo basado en el consenso, la inclusión y la excelencia. Por ello, una de las primeras medidas que hemos adoptado desde nuestra entrada en el Congreso de los Diputados, ha sido impulsar un gran pacto nacional por la Educación. Porque España necesita afrontar la reforma de nuestro sistema educativo con un enfoque de largo alcance, pensando en dar forma a un modelo que sirva para educar a varias generaciones y no cambie cada legislatura. Por encima de bandos y de urgencias electorales, es menester alcanzar dicho pacto nacional si nuestro objetivo es construir una sociedad mejor de hombres libres, iguales y bien formados.

Mientras tanto, y hasta que alcancemos ese objetivo anhelado por muchos, tenemos la obligación y el compromiso de seguir dando pasos allí donde tengamos la capacidad y el apoyo parlamentario suficiente para hacerlo. Y obvio es, que si no se garantiza por ley la gratuidad de los libros de texto, el derecho a una educación, publica, universal y de calidad no se garantiza en su totalidad.

En la Comunidad de Madrid, donde estamos en la oposición y posibilitamos la investidura de la actual presidenta, hemos presentado una Proposición de Ley de gratuidad de los libros de texto que profundiza en el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, permitiendo que todas las familias, independientemente de su situación económica o social, puedan beneficiarse de un sistema de préstamo de libros de texto basado en la adhesión voluntaria de los padres, la corresponsabilidad de la comunidad educativa y el compromiso de todos. Su puesta en marcha supondrá, además, un ahorro medio por hijo de entre 200 y 300 euros anuales, lo que implicará un balón de oxígeno para miles de familias madrileñas que llevan años soportando los recortes de esta eterna crisis económica en la que vivimos.

Estamos convencidos de que la Asamblea de Madrid aprobará nuestro proyecto de Ley de gratuidad de libros de texto y que España tendrá, más pronto que tarde, un gran pacto por la Educación. Porque nos merecemos seguir creciendo como personas, como ciudadanos y como país, y ello pasa inexorablemente por alcanzar consensos sobre asuntos de estado que durante años ha sido relegados al triste, eterno y estéril debate partidista.