El Poder Judicial impide que un juez declare sobre los espías

Quien sí compareció fue Enrique Barón, exdirector de la Dirección General de Seguridad (DGS) de la Comunidad y actual comisario de Información de la Policía Nacional. Barón se desvinculó de la trama de espionaje político entre altos cargos del PP cuando era presidenta Esperanza Aguirre. Declaró que “si hubiera detectado alguna ilegalidad [durante su mandato], la hubiera denunciado al fiscal o al juzgado, pese a quien pese”. Tampoco vio, según dijo, ningún dossier, escrito o papel que se pueda vincular al entramado de los espías.

Barón negó además tener nada que ver con la filtración de documentos que dio lugar al caso. Como prueba esgrimió una carta que recibió del periodista Francisco Mercado, que destapó la trama en 2009 en EL PAÍS. Según leyó, el periodista le dijo que los partes y documentos que probarían el supuesto espionaje no le llegaron de su mano [en referencia a Barón] ni del Gobierno de Aguirre.

Barón se hizo cargo de la DGS en septiembre de 2008, tras la salida de Sergio Gamón, imputado, junto con otros cinco acusados, en el caso. La DGS nació en 2006 con Aguirre al frente del Gobierno regional y Alfredo Prada como consejero de Presidencia. Gamón fue destituido al ser considerado responsable del robo de un ordenador en el Campus de la Justicia que podría contener información sensible. Barón subrayó que Francisco Granados, hombre de confianza de Aguirre encarcelado por la trama Púnica y responsable de su nombramiento, nunca le comentó la razón de la destitución de su antecesor en el cargo.

Gamón contaba con seis asesores: tres guardias civiles —ahora imputados en el caso junto a un empleado autonómico, el propio Gamón y Miguel Castaño, segundo de Gamón en la DGS— y tres policías nacionales. Estos últimos eran “hombres de confianza de Gamón” y, según él, del expresidente madrileño Ignacio González. Los tres guardias civiles eran leales a Granados. González y Granados mantenían una guerra por el control de los conservadores en Madrid. De hecho, el presunto espionaje, del que se investiga si se financió con dinero público, surgió en plena batalla por el poder dentro del PP. No solo a nivel regional sino también a escala nacional: el consejero Alfredo Prada y Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid y mano derecha de Gallardón, se pusieron al lado de Rajoy en su disputa con Aguirre. Ambos fueron espiados en base a los partes que dieron pie al caso.

El exdirector del organismo relató que Granados le ofreció el cargo cuando era Jefe Superior de Policía. “Me comentaron que tenían un problema con un asunto de escoltas, de rotación de personal”, testificó Barón, “pero nunca me informaron de que existiera un problema entre los guardias civiles y los policías, de los que se estaba completamente separado”. Tanto es así, que dijo no conocer ni las funciones que cumplían: “Habría que preguntárselo al consejero, porque eran sus asesores, no míos”. También señaló a Granados al ser cuestionado sobre la razón por la que se continuó pagando a los policías durante dos años, a pesar de que ya no realizaban ningún trabajo dentro de la DGS.

Una reunión en 2009

La única reunión que recuerda relativa a los guardias civiles data de septiembre de 2009, cuando le llamó el jefe del gabinete del consejero. Allí le comunicaron que habían decidido que los agentes se trasladaran. También le pidieron que los recibiera porque “lo estaban pasando muy mal”, debido a su supuesta vinculación con el espionaje que había aparecido en los medios. El ex guardia civil José Oreja, que declaró hace un mes ante la misma comisión, señaló que sus problemas comenzaron cuando se negaron a acatar las órdenes de Gamón, que les pidió que espiaran a Granados y a otros dirigentes.

Belén Espartero Rodríguez, una de las policías que formó parte del equipo de asesores de seguridad de la Consejería de Presidencia, mantuvo ante los parlamentarios que “nunca nadie la ordenó realizar ningún seguimiento a políticos”. Aseguró también que gozaban de plena autonomía y que no tenían contacto con los guardias civiles, que “iban por libre”. Describió el complejo entramado como “un montaje algo surrealista”. Espartero recordó a los parlamentarios que ella no está imputada y que no entiende la razón por la que los guardias civiles están tratando de implicarla tanto a ella como a sus compañeros.