Correa afronta tres años más de cárcel en Valencia por asociación ilícita
La fiscal eleva a 13 años la petición de prisión para el líder de la trama Gürtel en el juicio de Fitur
La Fiscalía Anticorrupción ha elevado este martes en tres años la solicitud de pena de cárcel para el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, y los también cabecillas de la red, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, en el juicio por los contratos de Fitur que se celebra en Valencia. La fiscal ha añadido a la lista de delitos que les atribuye el de asociación ilícita. Correa se enfrenta ahora en este proceso a 13 años de prisión; la misma pena que su delegado en Valencia, Pérez. La petición definitiva para Crespo, número dos del grupo, es de 14 años de cárcel.
El ministerio público argumenta el cambio en la calificación en el hecho de que los tres dirigieron presuntamente "una organización estable, permanente, con un reparto de papeles y una organización jerárquica diferenciada entre quienes eran líderes y quienes eran simples miembros, y cuya finalidad era la de delinquir".
La asociación ilícita se suma a los delitos que la fiscal ya les pedía: tráfico de influencias, delito continuado de malversación de caudales públicos, cohecho y falsedad documental. En el banquillo se sientan también tres empleados de Gürtel, y siete excargos públicos, entre ellos, dos exconsejeras de Turismo de la etapa de Francisco Camps.
El juicio, el primero a la trama Gürtel, está centrado en el supuesto amaño de las adjudicaciones para el diseño, montaje y desmontaje del pabellón de la Generalitat Valenciana en la feria turística Fitur entre los años 2005 y 2009. Unos trabajos por los que la red cobró cinco millones de euros.
Según las acusaciones —fiscalía y socialistas—, las convocatorias estuvieron trucadas porque las empresas de Correa recibieron de antemano las bases de los concursos. La Agencia Valenciana de Turismo obvió elementos —como la falta de experiencia previa— que les habrían impedido concurrir. Y, en paralelo, la trama hizo regalos a los máximos responsables de la Administración autonómica.
Para los miembros rasos de la red que también están siendo juzgados, la inclusión del delito de asociación ilícita se traduce en la petición de un año y medio más de cárcel. En total, para Cándido Herrero —jefe de producción de Orange Market, la filial en Valencia que dirigía El Bigotes—, la fiscal solicita ocho años de cárcel; para Isabel Jordán —directiva en otra sociedad del grupo Correa—, siete años y nueve meses de prisión, y para Mónica Magariños —administrativa—seis años y tres meses de cárcel.
Las penas para los exaltos públicos se mantienen como al principio del juicio, que arrancó hace un año. La exconsejera Milagrosa Martínez —que habría recibido de la trama un reloj que costaba 2.400 euros— afronta una petición de 11 años de cárcel y 34 de inhabilitación; su sucesora en el cargo, Angélica Such, nueve años de inhabilitación; y el exjefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret, ya condenado en el caso de los trajes, 11 años de prisión y 28 de inhabilitación.
La relación de acusados la completan otros cuatro excargos intermedios de la Consejería de Turismo: Isaac Vidal se enfrenta a una petición de la fiscalía de 11 años de cárcel y 26 de inhabilitación; Jorge Guarro, a siete años de cárcel y 23 años de inhabilitación; Ana Grau, a siete años de cárcel y 19 de inhabilitación, y a Juan Bover, siete años de inhabilitación.
Nueva suspensión del juicio
El llamado juicio de Fitur, el primero en el que se han sentado en el banquillo los integrantes de la trama Gürtel, es uno de los más accidentados de la historia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Señalado inicialmente para el año 2014, comenzó en marzo de 2015, pero fue suspendido hasta junio de ese mismo año. El tribunal ha dictado este martes la tercera interrupción.
El motivo han sido las alegaciones presentadas por las defensas de los miembros de Gürtel, que se declaran inocentes, con motivo de la inclusión de un nuevo delito, el de asociación ilícita, por parte de la Fiscalía Anticorrupción.
Las defensas han pedido al tribunal que el nuevo delito no fuera aceptado, algo que los jueces han rechazado. A continuación han solicitado tiempo para estudiar la nueva acusación del ministerio público y poder llamar a declarar a nuevos testigos y aportar nueva documentación, lo que ha sido aceptado.
El tribunal ha establecido que las nuevas pruebas, que se practicarán hasta el 11 de abril, solo podrán versar sobre el nuevo delito presentado. Esto es, que los testigos que volverán a declarar solo podrán responder a preguntas sobre la supuesta asociación ilícita que, según la fiscalía, constituyó la red de Francisco Correa.
La fiscal considera que, al ser el primer juicio a la trama Gürtel, la asociación ilícita puede ser vista por los jueces del Tribunal Superior de Valencia con independencia de lo que se plantee en otras piezas separadas del caso en la Audiencia Nacional. Una vez haya una decisión en Valencia, el resultado sí podrá ser alegado por las partes en los futuros juicios a los que sean sometidos los miembros de la red.
Fuentes jurídicas apuntan que el delito de asociación ilícita puede verse como una especie de seguro para la fiscalía ante la eventualidad de que los magistrados no consideren probados otro tipo de ilícitos más específicos. En el sentido de que hay abundantes indicios que apuntan a que el grupo de Correa estuvo organizado, jerarquizado y actuó presuntamente con ánimo de delinquir.
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