El déficit amenaza los presupuestos “sociales” prometidos por Puigdemont

La voluntad del Gobierno de Junts pel Sí de elaborar unos presupuestos “de orden social”, como clamó ayer el presidente Carles Puigdemont, choca con las nuevas advertencias del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien anunció más control sobre el gasto de las comunidades que han superado el límite de déficit público. Pese a que Cataluña fue el año pasado la comunidad que contrajo más desfase negativo entre ingresos y gastos —del 2,7% del PIB frente a un objetivo del 0,7%—, Junts pel Sí mantiene su pretensión de incorporar el plan de choque social que acordó con la CUP para conformar el Gobierno. Para ello necesita 270 millones de euros más en un ejercicio en el que necesitará unos 3.000 millones para enjugar el déficit.

Ayer, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, optó por criticar con dureza al ministro después que este reclamara una gestión “más rigurosa y eficaz”. En su opinión, el Gobierno Central“es el responsable de tener un agujero el doble de grande del que generan las autonomías” y Montoro representa a un ministerio que “chupa los impuestos de los catalanes”. Aunque no se refirió al aumento de la partida del gasto para este año, Puigdemont sí destacó que los próximos Presupuestos serán “sociales”.

El Departamento de Economía ha empezado a elaborarlos con la previsión de presentarlos en mayo y lograr los apoyos necesarios para que el Parlamento los apruebe en junio, ya sea con la CUP o con otras formaciones. Pero el jueves surgió un nuevo problema para redactarlos cuando Montoro enumeró una serie de medidas de control para las comunidades incumplidoras.

El equipo del consejero Oriol Junqueras no teme a cuatro de ellas porque ya se aplican sobre Cataluña. Pero hay una quinta que desconcierta: “Exigencia de un acuerdo de no disponibilidad de créditos en su Presupuesto”. En la práctica, esa regla limita la expansión del gasto a un máximo del 1,8%, basado en el crecimiento esperado de la economía y de los ingresos fiscales. Pero los técnicos quieren tener la carta que le ha de remitir el gabinete de Montoro para asegurarse de sus consecuencias.

La consejería ya contemplaba el aumento de la recaudación tributaria y contaba con ella para completar unos Presupuestos con partidas de gasto más ambiciosas, ayudada también por la reducción de la carga financiera. El problema es que esos factores positivos serán insuficientes si la Generalitat tiene que asumir el objetivo de déficit de 2016, de un 0,3% del PIB. El año pasado fue del 2,7%, que se reduciría a un 1,9% si no se hubieran incorporado cargas que provienen de otros ejercicios y que no volverán a computarse el próximo año.

La diferencia entre el objetivo del 0,3% de este 2016 y el 1,9% de 2015 obliga a recortar o a encontrar recursos por un importe de unos 3.000 millones de euros, a no ser que el Gobierno acabe teniendo en cuenta las reivindicaciones de las comunidades y eleve su techo de déficit. De momento, Montoro aseguró que todas las comunidades autónomas dispondrán de más recursos, pero les advierte de que esos recursos no serán para elevar el gasto sino para enjugar ese déficit. Así que la Generalitat depende de una segunda opción si quiere más gasto social: recortar de otras partidas si tuviera margen.