La buena gestión y la presión fiscal sanean las cuentas de Barcelona

Barcelona no ha permanecido ajena a las políticas de austeridad impulsadas por la Unión Europea. Sin embargo, y por paradójico que parezca, los problemas que afronta la ciudad no están vinculados a la deuda, sino al superávit. Algunas leyes de carácter neoliberal aprobadas en los últimos años, como la denominada ley Montoro,asfixian a los municipios sobreendeudados, y, al mismo tiempo, impiden que aquellos que no lo están —como ocurre en el caso de Barcelona—, puedan destinar el superávit existente a dar respuesta a las necesidades ciudadanas. La buena gestión de las cuentas, la expulsión del déficit a los municipios de la periferia y una gran presión fiscal explican que Barcelona pueda disfrutar de una economía saneada.

Los técnicos del Ayuntamiento de Barcelona suelen decir que su buena diligencia es la clave de las saneadas cuentas de la ciudad. Pero más allá de la gestión eficaz, la capital catalana tiene especificidades que explican que incluso en plena crisis económica haya cerrado ejercicio tras ejercicio con superávit, a diferencia de la gran mayoría de administraciones. Las explican el actual gerente del área de Economía, Jordi Ayala, y quien llevó la tenencia de alcaldía de Economía, Empresa y Empleo, durante el mandato del exalcalde Xavier Trias, Sònia Recasens.

Ayala recuerda que las cuentas comenzaron a encauzarse tras la “situación de casi quiebra” que se produjo tras la época olímpica. Un proceso que capitanearon, relata, el entonces gerente Jordi Marull y Pilar Solans y que pasó por reducir personal, en paralelo a un proceso de externalización, además de mejorar procedimientos.

El actual gerente apunta otras causas que explican la buena situación de Barcelona. “A diferencia de otras ciudades metropolitanas, en Barcelona la periferia no es Barcelona, como ocurre en Madrid”. Barcelona, prosigue, ha expulsado déficit a la periferia y ha soportado mayor presión fiscal sin demasiados problemas. La capital también ha sufrido una menor presión por gasto en servicios sociales. “Durante años el crecimiento de esta partida fue del cero y pico por ciento”, señala. Y al mismo tiempo en Barcelona se aplicaron, antes que en otras ciudades, medidas de eficiencia y se controló el gasto.

Desde una perspectiva más reciente, la ex teniente de alcalde Sònia Recasens recuerda que, de partida, los ayuntamientos son “la administración que más servicios presta, tanto si le corresponde como si no” y que “su mala financiación es endémica”. A esta circunstancia se sumó la La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), conocida como ley Montoro y vigente desde 2014, que afecta a todos los niveles administrativos y fija un déficit cero. Además, introduce el Sistema Europeo de Cuentas (SEC), que “no permite gastar más de lo que se tiene”, con lo que obliga a presupuestar con ingresos seguros. “La LRSAL topa el gasto y acaba provocando superávit”. “El SEC obliga a ser conservador y aplicar el criterio de prudencia, con ingresos ciertos y gastos previsibles”, dice.

De los 2.500 millones que tiene el Ayuntamiento en números redondos, mil millones provienen de impuestos y tasas locales (IBI, plusvalías, circulación, etc.) y otros mil de lo que se conoce como PIE (Participación en los Ingresos del Estado).

Recasens recuerda que las PIE se liquidan a los dos años y que “si son negativas hay que devolverlas”. Cuando CiU llegó al gobierno en 2011, relata, “el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero había dado grandes cantidades, que en Barcelona generaron un déficit de 800 millones”. “Los primeros superávits del mandato los destinamos a limpiar la deuda acumulada”, defiende. El resto, hasta completar el presupuesto, es ahorro para poder hacer inversiones.