La Generalitat debe 3,5 millones a las agencias de empleo

Las agencias de colocación que participaron en 2014 en el plan piloto del Servicio de Empleo de Cataluña (SOC) para encontrar trabajo a parados de difícil inserción aún no han cobrado las ayudas prometidas. El SOC espera desde diciembre de 2014 que el Ministerio de Empleo le transfiera el primer pago de los 3,5 millones de euros que estaban destinados a este proyecto, pero el ministerio contesta que Cataluña no tiene derecho a estos fondos porque incumplió las condiciones para poder acceder a ellos. Solo algunas de las 110 instituciones a las que se concedieron estas subvenciones han recibido un anticipo “por un error administrativo”, según la patronal Acacer. Otras optaron por no repetir la experiencia en la segunda edición del programa por el impago.

La primera colaboración entre agencias de colocación y los servicios públicos de empleo se concretó en 2014 bajo un acuerdo marco diseñado por el ministerio. Este dictaba las pautas que debían seguir las oficinas autonómicas que quisieran participar en el plan. Solo tres comunidades autónomas no suscribieron este documento: Cataluña, Andalucía y País Vasco. Pero se reservó una partida de nueve millones de euros por si alguna decidía a lo largo del año participar, según fuentes ministeriales.

La nueva directora del SOC, Mercè Garau, admite que hubo “una dilación” a la hora de pedir la ayuda y que esto impidió que se hiciera a través de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. Garau, sin embargo, defiende que esta situación ya se ha dado antes con otras partidas y que nunca había supuesto un obstáculo para percibir el dinero. “Llevamos un año enviando cartas para exigirlo y no nos responden. Nos preocupa mucho que las agencias colaboradoras no hayan podido cobrar, pero si no nos transfieren el dinero, no podemos pagarles”, asegura.

El Departamento de Trabajo afirma no haber recibido ningún documento en el que se le niegue la ayuda y reitera que continuará exigiendo su pago. Pero fuentes del ministerio insisten en que este no llegará: “Las condiciones eran firmar el acuerdo marco o seguir sus líneas sin estar adherido. Y Cataluña no las cumplió”. El SOC diseñó su propio programa para poder, entre otras cosas, trabajar con más agencias y de ámbito más local. El acuerdo estatal solo autorizaba la contratación de 80 entidades específicas, algo que, según la Generalitat, favorecía a grandes empresas como Manpower o Randstad. El protocolo del SOC amplió este abanico a más de un centenar de instituciones, la mayoría de ellas locales, y prefirió la fórmula de concesión de ayudas a la de contratación de servicios.

11.000 parados

El plan piloto comenzó en septiembre de 2014. El SOC derivó 11.000 parados a las agencias, pero estas solo consiguieron empleo a 707. Las instituciones cobran entre 40 y 80 euros por cada usuario entrevistado y entre 750 y 1.600 euros más si este acaba colocado.

El dinero de las entrevistas y un 20% del resto debería haber sido abonado entre diciembre de ese año y principios de 2015, como ha sucedido con la segunda edición del plan. Esta vez, Cataluña alcanzó a cerrar la negociación de una partida de 8,2 millones de euros en la Conferencia Sectorial y recibió un anticipo el pasado mes de diciembre que ya ha sido ingresado a las agencias.

Pero las entidades del plan piloto aún esperan el dinero correspondiente a 2014 y exigen que el SOC se haga responsable. El presidente de la patronal Acacer, Àngel Buxó, recuerda que es el servicio de empleo catalán “el que tiene la obligación” con estas agencias, no el ministerio, y que la asociación tomará todas las medidas que considere necesarias para reclamarlo.