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Puigdemont adjudicó seis contratos a dedo a Efial por 113.000 euros

La consultora denunció, en uno de los trabajos, irregularidades en la empresa que gestiona el suministro de agua

Carles Puigdemont, durante su etapa como alcalde de Girona.
Carles Puigdemont, durante su etapa como alcalde de Girona.

El Ayuntamiento de Girona adjudicó seis contratos a dedo a la consultora Efial durante el mandato de Carles Puigdemont como alcalde. La empresa cobró un total de 113.000 euros por esos trabajos, desarrollados entre 2012 y 2015. Cuatro fueron adjudicados de forma directa y otros dos, por un proceso sin publicidad. La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) trata de averiguar si el Consistorio favoreció deliberadamente a Efial, una empresa que trabaja para ayuntamientos catalanes, especialmente los gobernados por CiU. Uno de los servicios que Efial prestó en Girona es un informe demoledor sobre el funcionamiento de Agissa, la empresa público-privada que suministra el agua a los hogares de Girona, Salt y Sarrià de Ter.

Efial es una consultora catalana de tamaño medio que trabaja, sobre todo, para administraciones locales. Su actividad en algunos de esos municipios —como Torredembarra, Ascó o l’Ametlla de Mar— ha sido denunciada por los grupos de la oposición e investigada por la justicia y por Antifraude. Su irrupción en Girona coincide con la llegada a la alcaldía de CiU, de la mano del hoy expresidente de la Generalitat. El Consistorio dio a Efial, a dedo, cuatro contratos por importes inferiores a los 18.000 euros, que son los que la ley permite adjudicar de forma directa. Los otros dos —por un total de 51.000 euros en dos años— fueron adjudicados mediante el procedimiento negociado sin publicidad.

En 2012, la Intervención General del Ayuntamiento encargó a Efial su primer trabajo: auditar el área de Patrimonio para averiguar si gestionaba de forma adecuada. La consultora elaboró, explican fuentes cercanas al caso, un informe de más de 100 páginas que instaba a mejorar los procedimientos. Cobró por ello 17.000 euros.

Ese mismo año le fue encargado el segundo trabajo a dedo: otra auditoría por la que cobró, también, 17.000 euros. Se trata de un informe —encargado por la Intervención— para analizar si estaban suficientemente justificadas las subvenciones recibidas a propósito del Plan E impulsado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El Ayuntamiento lo encargó porque había recibido un requerimiento del Estado. Efial analizó “una muestra de 25 expedientes”, según las mismas fuentes.

La batalla del agua

Los otros cuatro trabajos están relacionados, todos ellos, con Aigües de Girona, Salt i Sarrià SA (Agissa), que gestiona la potabilización, distribución y suministro de agua potable en esos tres municipios. Agissa es una empresa de capital mixto: el 20% está en manos de los tres consistorios y el 80% restante, en manos privadas a partes más o menos iguales (Caixabank, FCC-Aqualia y Agbar). Antifraude, que ha pedido información de todos los contratos de servicios entre 2011 y 2015, investiga si el Ayuntamiento “troceó” de forma deliberada los contratos para evitar, precisamente, tener que sacarlos a concurso.

Dos de los trabajos relacionados con Agissa también fueron adjudicados de forma directa en 2013: un estudio sobre la conveniencia de prorrogar la gestión hasta 2020 (15.000 euros) y otro sobre las inversiones que el Ayuntamiento de Girona había hecho para asegurar el suministro en alta, el que se realiza antes de que el agua llegue a los depósitos municipales (13.000 euros).

Los dos últimos trabajos fueron adjudicados por el procedimiento negociado sin publicidad, previsto para contratos entre 18.000 y 60.000 euros. El Ayuntamiento invitó a varias empresas, pero Efial ganó el concurso al presentar la mejor oferta (51.000 euros en dos años, 2014 y 2015) para auditar Agissa.

Esos informes de Efial han destapado numerosas irregularidades en la empresa mixta, que la CUP anunció que llevaría a la Fiscalía. La auditoría denuncia, entre otras cosas, que Agissa está “fuertemente endeudada” (en 2012 tenía que devolver siete millones), que el consejero delegado “dispone de los más amplios poderes”. Y alerta sobre las tarifas (se aplican “precios diferentes a los aprobados”), sobre autofacturaciones y sobre gastos no justificados.

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