Las desigualdades sociales fijarán los recursos de los ambulatorios

Las desigualdades sociales pasan factura a la salud. No es lo mismo lo que ve un médico de un ambulatorio de Pedralbes que lo que llega a una consulta de Ciutat Meridiana. La renta familiar del primero es seis veces superior a la del segundo, la tasa de paro se dispara en el vecindario de Nou Barris y los niveles de escolarización y estudios superiores son mucho mayores en la barriada de la zona alta de Barcelona. Partiendo de que esas diferencias provocan más o menos problemas sanitarios —el 80% de los determinantes de la salud son sociales—, el Departamento de Salud ha decidido analizar las necesidades sociales de los catalanes para reasignar los recursos que destina a los centros de atención primaria (CAP).

A partir de ahora, la hoja de ruta de los ambulatorios catalanes estará definida por las necesidades socioeconómicas de su población de referencia. El consejero de Salud, Toni Comín, anunció hace unos días que el Departamento radiografiará la situación social de los pacientes y, en función de sus necesidades, repartirá los recursos en la atención primaria. “El principio que queremos aplicar no es el de ‘a la misma población, los mismos recursos’, sino que ‘a iguales necesidades, iguales recursos’”, apuntó.

Hasta la fecha, Salud analizaba elementos demográficos y geográficos para repartir los presupuestos en los CAP. El único criterio social que se mesuraba era el nivel de renta de los pacientes asignados. La nueva medida prevé estudiar los determinantes sociales que emplea el índice MEDEA —que evalúa las privaciones de la población para acceder a recursos sociales y materiales—. El paro, el nivel de estudios o el fracaso escolar de los jóvenes empezarán a contar también.

Comín anunció su medida en un lugar paradigmático, el CAP de la Mina, ejemplo de eficiencia y buen hacer, según el consejero, pese a los altos índices de privación que sufre su población. “Aquí tenemos mucho más paro, menos escolarización y menos capacidad de autocuidado que en otras zonas de Barcelona. Tienen un estilo de vida poco saludable”, reflexiona la doctora Clara Pareja, directora del CAP. Precisamente esos condicionantes de salud elevan la prevalencia de diabetes, cardiopatías y problemas de salud mental. El ambulatorio tiene 15.000 pacientes asignados, la mitad de lo que suele tener de media uno en Cataluña. “A nuestra consulta viene el 84% de la población asignada, es decir, mucha más que otros centros y con mayor frecuencia debido a la complejidad de los problemas que presentan”, apunta Pareja. La doctora asegura que las facilidades de accesibilidad y la implicación comunitaria en actividades sociales y de promoción de la salud son claves.

En otros ambulatorios susceptibles de recibir más recursos dadas las condiciones sociales de su entorno aplauden la medida “con matices”. “Hay que saber si esta medida implica más presupuesto o simplemente le quitan a unos para darles a otros y socializar la miseria”, apunta Joan Herreros, delegado de Metges de Catalunya (MC) en el CAP Gatassa de Mataró. El index MEDEA de su zona es “catastrófico” y sus recursos, muy limitados. Con un 34% de inmigración, el idioma es un obstáculo. Problemas de salud mental (depresión y ansiedad) por el estrés laboral y los apuros económicos, cardiopatías en pacientes jóvenes y adicciones son habituales.

La doctora Silvia Membrilla, delegada de MC en el CAP Ramona Via de El Prat, señala algo similar. “Cupos masificados” porque no se reponen facultativos, listas de espera de semanas para acudir al médico de cabecera y problemas de salud mental en alza revelan la situación “dramática” de su CAP. “Tenemos pacientes mayores con un alto índice de analfabetismo que, cuando van al especialista, no entienden nada y vuelven a la consulta para que le expliquemos”, apunta Membrilla. Las listas de espera también provocan que los pacientes “hiperconsulten”. En definitiva, más carga de trabajo para unos facultativos que reclaman más tiempo.