El fiscal pide más de 54 años de cárcel para el ex ‘número dos’ del PNV en Álava

La Fiscalía de Álava pide 54 años y 9 meses de cárcel para el ex número dos del PNV alavés Alfredo de Miguel el supuesto cerebro de una trama de cobro de comisiones ilegales, al que acusa de una decena de delitos, entre ellos, cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. El fiscal sostiene que De Miguel "aprovechó sus responsabilidades políticas" para impulsar esta presunta red de corrupción.

El conocido como caso De Miguel es el mayor asunto de corrupción descubierto en Euskadi en el que se ha visto implicado el PNV. El escrito de acusación del fiscal de Álava, Josu Izaguirre, de 128 folios de extensión, implica a un total de 26 personas, entre las que figuran Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, también exmiembros del PNV alavés, para quienes pide 32 años de prisión a cada uno.

Tras los cinco años que duró la fase de instrucción de este caso, el juez concluyó que De Miguel había organizado una trama para obtener irregularmente contratos y adjudicaciones públicas por instituciones gobernadas por el PNV. La Fiscalía asegura ahora en su escrito que el principal acusado, ex diputado foral de Álava, urdió un plan para "obtener un ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas".

El Ministerio público sostiene que las contrataciones se adjudicaban a empresas propiedad del exdirigente nacionalista, como Kataia Consulting, o a terceras personas u otras firmas con las que De Miguel "mantenía relación o vinculación de una u otra manera". Las sociedades beneficiarias, asegura el fiscal, estaban "íntimamente ligadas entre sí" y tenían su sede social en una sociedad gastronómica de Vitoria en la que nunca hubo materiales ni personal para una actividad empresarial.

Este entramado societario funcionó como empresas "pantalla" que carecían de actividad económica y que fueron empleadas para canalizar el cobro de supuestas comisiones o percibir cantidades ilegales por trabajos que a veces no fueron realizados.

La investigación sobre estas actuaciones arrancó en 2009, a raíz de la denuncia presentada por una empresaria a la que se solicitó el pago de unas comisiones, por un total de 100.000 euros, para acceder a contratos públicos en el Parque Tecnológico de Miñano (Álava). El juez ha imputado a 26 personas. Según la acusación fiscal, se enfrentan a peticiones de penas que oscilan entre los 54 años y 9 meses de cárcel hasta los 4 años y 5 meses. Entre ellos hay nueve exdirigentes del PNV y otras personas afines a esta formación. Para De Miguel también se solicita el pago de una fianza de 25 millones de euros.

El fiscal relata en su escrito hasta diez "operaciones ilícitas" en las que intervino la trama, entre ellas varias contrataciones con la consejería de Cultura del Gobierno vasco entre 2006 y 2008, durante la etapa del lehendakari Juan José Ibarretxe; con la Diputación de Álava y con el Parque Tecnológico de Miñano. También se describen pagos de comisiones ilícitas de un 4% en la adjudicación de obras públicas en varias localidades alavesas. El fiscal relata que la trama obtuvo entre 2006 y 2007 diversas cantidades por "adjudicaciones irregulares" con la dirección de Juventud del Gobierno vasco y que cobró por trabajos sin que al Ejecutivo de Vitoria le constara la existencia de una contraprestación mercantil.