La cuota social de 30 euros no llega

El Servicio vasco de Empleo, Lanbide, no acaba de hacer sus deberes. La cuota social de 30 euros que acordó implantar el pasado mes de julio para evitar empobrecer aún más a los perceptores de la RGI a los que ingresó por error ciertas cantidades de dinero, no se ha activado, según denuncian los afectados. Primero iba a ser en octubre, cuando comenzaban los fríos, después para final de año, y cuando está a punto de empezar la primavera, los afectados denuncian que, pese a que ya existe un protocolo interno para ponerlo en marcha, sigue sin activarse. "Han llegado a coaccionar a una mujer para que acepte rebajar la devolución a 170 euros", critica Vicky Molina desde la Plataforma de Afectados por Lanbide, (PAL).

En Euskadi hay más de 80.000 personas que han recibido, y siguen haciéndolo más dinero del que les corresponde por las ayudas sociales y de inserción. El propio mecanismo de revisión de los expedientes, que se demora durante meses, induce a generalizar estos pagos indebidos y en consecuencia a generar deudas en los perceptores, independientemente de que hayan comunicado a tiempo los cambios en sus condiciones laborales o sociales. La deuda general crece y ya supera los 100 millones de euros. El consejero de Empleo y Asuntos Sociales, Ángel Toña, se comprometió con la asociación de afectados por Lanbide, en julio pasado, a resolver parte del problema. "Nos siguen maltratando", asegura Molina. "No aplican la cuota social y siguen remitiendo mecanizadas las respuestas a las solicitudes. Hay casos de familias con hijos y personas que se ajustan al marco regulatorio y les siguen desestimando", critica.

La Cámara vasca pidió en junio del pasado año y el pasado febrero que la administración habilite "los procedimientos necesarios para minimizar los efectos de los pagos indebidos" a los perceptores de estas prestaciones. Con ese objetivo, pedía que se aplacen los pagos exigidos a los perceptores "hasta un mejor momento". Como alternativa, solicitaba que se fije una "cuota social mensual básica" de 30 euros cuando así se lo pida el afectado o los servicios sociales de base. Todo ello, "teniendo en cuenta la situación económica de la unidad de convivencia, de manera que las familias puedan llevar una vida digna y cubrir las necesidades básicas".  Aspectos estos que recoge la circular de Lanbide, pero que según denuncian los afectados, "no se está cumpliendo".