España se aleja

El acuerdo para un gobierno reformista y de progreso” firmado por el PSOE y Ciudadanos confirma el desconcierto español ante el escenario político catalán. Se repite una y otra vez que el proceso independentista —o la cuestión territorial si se prefiere— figura entre los tres o cuatro problemas fundamentales que tendrá que afrontar el próximo gobierno y, sin embargo, en el documento aludido, no aparece ni una sola mención específica a este conflicto. La referencia más directa es esta frase: “oponerse a todo intento de convocar un referéndum con el objetivo de impulsar la autodeterminación de cualquier territorio de España”. Fuera de ella, vagas, y, en algún caso, inquietantes alusiones como una imprecisa reforma del Título VIII de la Constitución —de música manifiestamente recentralizadora—, una referencia “al peso ponderado de cada lengua en el horario escolar" o algunas frases de un epígrafe titulado "la cultura como eje vertebrador del país".

La situación catalana va camino de convertirse en el gran fantasma del proceso de formación de gobierno. Hay coincidencia en decir que es una cuestión clave, pero excepto Podemos, ningún partido es capaz de dar un paso al frente para construir una respuesta política, por miedo a la reacción de una ciudadanía en la que se ha fomentado el discurso del agravio catalán en simetría con el agravio español en el Principado. En la cultura política española, Cataluña es territorio apache. Sólo así se entiende que desde 2012, cuando el independentismo da el tercer gran salto, ni el PP con mayoría absoluta ni el PSOE hayan hecho una sola propuesta digna de este nombre a los catalanes. Y ahora PSOE y Ciudadanos siguen en la lógica de la política del No de Rajoy.

El PSOE vive instalado desde hace veinte años en el tópico del federalismo sin que haya conseguido darle concreción legal alguna. Y Ciudadanos es hoy el representante genuino del unionismo, es decir, del rechazo sin contemplaciones al soberanismo. Pero, en realidad, lo que confirma su acuerdo programático es que la España oficial está cada vez más lejos de la Cataluña institucional incapaz de encontrar el espacio y el lenguaje para la interlocución con el gobierno catalán y con los partidos soberanistas.

Se dice que Cataluña se va. Y en la medida en que formalmente el plan de desconexión sigue su ritmo podría ser cierto. Pero España lleva ya mucho tiempo alejándose, por lo menos desde la ruptura provocada por la resolución del estatuto de 2006 y la inefable campaña anticatalanista que el PP llevó por todo el país. Si los dos van en dirección contraria es difícil encontrarse. Salvo que, parafraseando a Umberto Eco, puesto que la tierra es redonda el final se acaben encontrando.

¿El alejamiento como opción política? Ante la falta de imaginación para actuar políticamente se decreta a Cataluña invisible, confiando en que la mutua ignorancia acabe diluyendo el problema. Ante la falta de coraje para dar un reconocimiento a los catalanes que pueda generar sarpullidos en otras partes de España, se opta por el aplazamiento sine die de cualquier respuesta. Y para hacer llevadero el callejón sin salida, los partidos españoles se limitan a repetir que no pasará nada porque la independencia es imposible y la relación de fuerzas está de su parte y acabará imponiendo su peso.

¿Tan grande es el abismo cultural, tan difícil es hacerse una composición de lugar sobre el marco mental en que se mueve cada parte, que no se dan los mínimos códigos de comunicación para sentarse a hablar? Paradójicamente hay en este momento mayor conciencia en Cataluña que en España de qué hay que enhebrar alguna vía de diálogo, porque darse la espalda como método conduce a un impasse. Decía el presidente Puigdemont en la SER: sentémonos y hablemos aunque sólo sea para poner por escrito todo aquello en lo que no estamos de acuerdo. Puede parecer poco, pero es más que reducir la cuestión catalana a tres líneas de rechazo frontal en un documento de 66 páginas. Dicen que Cataluña se va, pero ya hace tiempo que España se fue. Madrid lleva años desconectando de Cataluña, sustituyendo la política por la respuesta judicial, como si la ley fuera ya el único nexo de unión. Es la estrategia del PP y de Ciudadanos que el PSOE ha comprado. Reconocimiento de facto de un fracaso político.