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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Miedo

Se suceden las causas judiciales por cuestiones de opinión, la mayoría de ellas instadas por entidades católicas y de derechas

Desde hace unos meses vemos con gran preocupación cómo la libertad de expresión está siendo atacada desde algunos ámbitos de la política, la justicia, los medios de comunicación y de ciertas asociaciones. El propio gobierno del PP aprobó en solitario la popularmente llamada ley mordazaen esta misma dirección. Abundan los ejemplos:

La Audiencia Nacional ordenó arrestar a los titiriteros de la compañía Títeres desde Abajo por su obra La bruja i don Cristóbal que se inspira en el personaje de Polichinela de la Comedia del Arte, que nació en Italia en el siglo XVII, por utilizar una pancarta donde se leía “Gora ALKA-ETA”. Pues bien, los actores de un personaje creado para enfrentarse contra los poderes públicos (siempre pierde) han acabado entre rejas por los cargos de enaltecimiento del terrorismo y de incitación al odio. Algunos elementos de la derecha rancia han aprovechado para pedir la dimisión de la alcaldesa de Madrid.

En febrero de 2014, ocho sindicalistas vieron con estupor que la fiscalía les pedía ocho años y tres meses de cárcel por enfrentamientos con la policía ante un piquete de huelga ante la empresa Airbus. Se les aplicaba un artículo del Código Penal (el 496) introducido en 1976 para hacer frente a las movilizaciones que se organizaban contra el gobierno heredero de Franco. Hasta hoy ningún gobierno democrático lo ha derogado. Por suerte, los sindicalistas han sido absueltos después de dos años de sufrimiento.

Rita Maestre entró, junto con otros jóvenes, en la capilla católica del campus universitario de Somosaguas (Madrid) para denunciar la intromisión de la Iglesia en los asuntos públicos. Lanzaron consignas contra la jerarquía eclesiástica y se desnudaron de cintura para arriba. El fiscal pide un año para la ahora concejal del Ayuntamiento de Madrid por un delito contra los sentimientos religiosos y se ha aprovechado la situación para pedir su dimisión.

En Catalunya, los versos de la poetisa Dolors Miquel dedicados a la lucha de las mujeres contra el patriarcado ha provocado una manifestación de 200 personas con crucifijos y demás enseres católicos ya que se han sentido ofendidos por estimar que el poema Mare Nostra se burlaba de una oración cristiana. Algunos hiperventilados han pedido la dimisión de la alcaldesa por aplaudir la actuación de la señora durante los premios Ciutat de Barcelona.

Es curioso que la mayoría de las denuncias y las acusaciones particulares de estas actuaciones han sido protagonizadas por unas entidades u organizaciones de derechas y católicas: Manos limpias, Centro Jurídico Tomas Moro, Asociación de Abogados Cristianos y Asociación Projusticia.

Ante estas situaciones cabe preguntarse, ¿este clima es debido a la acción de un gobierno de derechas, como el del PP, que ha actuado como cobertura ideológica para que estas asociaciones y la prensa afín llevasen a cabo esta cruzada contra la libertad de expresión? O ¿es debido a una situación más de fondo y que sobrepasa el ámbito estatal?

El catedrático de ciencia política y de la administración de la UAB, Quim Brugué, en una mesa redonda celebrada la semana pasada en Girona y organizada por el Colegio de Periodistas de la demarcación de Girona bajo el título Muts i a la gàbia, els efectes de la "llei mordassa als mitjans de comunicació”, afirmaba que “la Ley y los casos antes comentados forman parte de unas decisiones de fondo que utilizan el miedo para controlar las reacciones y movilizaciones sociales provocadas por las políticas neoliberales de salida de la crisis”. Estas decisiones son de ámbito europeo, como se ha visto en Francia con la suspensión de garantías constitucionales varias veces prorrogadas a raíz de los atentados de noviembre pasado en París, o en las decisiones insolidarias y que atentan contra todas las libertades, de países como Dinamarca, Austria o Hungría para controlar y evitar la llegada de refugiados a sus respectivos países.

El catedrático concluía diciendo que “no hace falta escoger entre libertad y seguridad ya que la mejor manera para superar una supuesta falta de seguridad es llevar a cabo políticas de cohesión social que acaben con las desigualdades”. Esta es la misión de la izquierda europea, hacer frente a los miedos que los poderosos están inoculando en la sociedad con políticas radicales que devuelvan la dignidad a las clases populares. Hablar de simples reformas del sistema o discutir sobre las esencias patrias es marear la perdiz.

Joan Boada Masoliver es profesor de Historia.

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