El segundo de Carlos Fabra dice que se enteró por la prensa de la acusación

Francisco Martínez, mano derecha del expresidente de la Diputación Provincial de Castellón Carlos Fabra, ahora en prisión, ha declarado hoy en el tribunal que lo juzga a él, a sus dos hijos y a otros tres acusados por cuatro presuntos delitos que “se enteró por la prensa” de que en el proyecto de la depuradora de Borriol, que impulsaba la corporación provincial, estaba incluida una parcela propiedad de su hija.

Martínez, exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Vall d’Alba, que se sienta en el banquillo de los acusados desde hoy lunes, ha declinado su responsabilidad por sus competencias en materia de obras, expropiaciones y tratamientos de aguas residuales, manifestando que firmaba los oficios pero que no se leía los informes técnicos. “Firme ese oficio, como firmaba cien en un día. Ni yo ni ningún político se lee los informes”, ha asegurado. La Fiscalía le imputa los delitos de prevaricación, fraude ilegal, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas y pide para él una pena de 4 años de prisión.

El caso gira alrededor de la parcela número 42 del polígono 11 del término municipal de Borriol. La Fiscalía sospecha que los acusados urdieron una trama para asegurar primero la inclusión de la parcela en el proyecto y segundo para ocultar su propiedad debido a las responsabilidades políticas de Martínez. Para ello se valieron, según el escrito de acusación, de los cargos del vicepresidente de la Diputación y del alcalde de Borriol.

Además del exvicepresidente, en la primera sesión del juicio ha testificado su hija Andrea Martínez, para quien la Fiscalía pide tres años de prisión. Andrea compró en 2008 al empresario Raúl Babiloni la parcela 42 por un total de 3.000 euros debido a sus “posibilidades urbanísticas”, seis días después de que estuviera incluida en un primer convenio de expropiación. Posteriormente, la aportó como capital social en Franvaltur SL, una empresa familiar creada en 2009 en la que participaban ella misma, su hermano Francisco Martínez Tena y su padre.

Francisco Martínez ha manifestado desconocer el origen de la propiedad de Andrea, así como que no sabía que tuviera relaciones societarias con el empresario Raúl Babiloni. También ha negado saber si Babiloni conocía la inclusión de la citada parcela en el proyecto de la depuradora. Babiloni y Andrea Martínez compartieron la propiedad de Gestintur, una empresa dedicada a la promoción inmobiliaria y a la construcción. A la pregunta de si sabía que Andrea aportaba fincas a esta sociedad, Francisco Martínez ha asegurado que “con 18 años ella ya tomaba sus propias decisiones”.

Según se desprende de su declaración, Andrea, propietaria desde 2008, no se enteró hasta el verano de 2013 de que la parcela 42 estaba en el proyecto y no le dijo nada a su padre porque tal y como ha manifestado “él tiene muchas otras responsabilidades”. A partir de esa fecha se producen diversos cambios societarios en Franvaltur SL que la acusada explica por un cambio de domicilio debido a sus estudios en Madrid.

El administrador único pasa a ser su hermano, Francisco Martínez Tena, para quien la Fiscalía pide tres años de prisión. El hermano tenía encargada la tarea de representar a la empresa a pesar de que la gestión del día a día la siguió llevando su hermana. En diciembre de 2013, en el momento de firmar el convenio con el ayuntamiento de Borriol para la expropiación de la parcela y por tanto de exponer la propiedad de la misma, se dieron poderes notariales a un empleado del empresario Raúl Babiloni, ambos encausados también.

El acusado Francisco Martínez Tena ha declarado durante su interrogatorio que nada tiene que ver con la empresa. “Me dedico al deporte y nada de esto me importa. Sabía que tenía que ir a firmar algo a Borriol, pero como no podía di poderes notariales a Luis”, ha declarado.

Las defensas de los acusados, por su parte, se han adherido al argumento de la defensa de Francisco Martínez sobre un supuesto caso de indefensión, alegando que el escrito de la Fiscalía excede el marco objetivo de los hechos pero sin realizar ninguna petición procesal concreta. Se trata simplemente de un primer paso en la estrategia recusatoria camino del Tribunal Constitucional y que la sala no ha tenido en cuenta. Mañana se reanuda el juicio con el testimonio del alcalde de Borriol, Adelino Santamaría, el empresario Raúl Babiloni y el empleado de éste, Luis García.