Juicio a la mano derecha de Carlos Fabra

En noviembre de 2013 Carlos Fabra presumió orgulloso ante la prensa de que la justicia no había encontrado ninguna irregularidad en toda su obra política. Días antes la Audiencia de Castellón había condenado al expresidente de la Diputación y del PP provincial a cuatro años de prisión por fraude fiscal, pero le absolvió de los delitos de tráfico de influencias. Fabra compareció sólo, sin plañideras.

No obstante, tenía razón. El fabrismo seguía en el poder. Francisco Martínez, su mano derecha, seguía siendo vicepresidente de la Diputación de Castellón, así como su pareja sentimental, Esther Pallardó. Su delfín, Javier Moliner, era el presidente.

Martínez, que desde este lunes se sienta en el banquillo enfrentado a una petición de cuatro años por parte de la fiscalía, seguía al cargo de los planes de obras y servicios, la clave de vuelta del sistema caciquil y piramidal que habían instaurado en los años noventa. Sin embargo, en enero de 2014, tan solo un mes después, todo cambió.

Compromís desveló que el proyecto de construcción de una depuradora en la localidad de Borriol por parte de la Diputación incluía unos terrenos que eran propiedad del diputado responsable de obras, Francisco Martínez. La Fiscalía tiró entonces del hilo y halló una trama política y empresarial que desde 2007 había maquinado para incluir esos terrenos en el proyecto y obtener beneficio económico de las expropiaciones. El lucro ilícito calculado es de unos 50.000 euros. Una minucia. Un descuido en una manera sistematizada de proceder.

Porque la obtención de propiedades para recalificar ha sido una auténtica obsesión para Francisco Martínez. Procedente de una familia de clase media en Vall d’Alba, un municipio de apenas 3.000 habitantes, Martínez ha llegado a acumular un patrimonio conocido de más de 1,5 millones de euros en apenas quince años, gran parte en fincas rústicas en entornos cercanos a proyectos impulsados desde la Diputación.

El ahora imputado fue alcalde desde 1991 y diputado provincial desde 1995. Tras el escándalo, Javier Moliner le destituyó de todos los cargos y el propio Martínez renunció a su acta de diputado y a optar a la reelección a la alcaldía de Vall d’Alba.

En el centro del entramado societario descubierto por la Fiscalía se encuentra Franvaltur S. L. Creada en 2009 con 6.000 euros de capital por Martínez y dos de sus hijos, ahora imputados, esta empresa registró 8 ampliaciones de capital en cuatro años sin que destacara una actividad económica relevante. Las aportaciones suman casi 230.000 euros en efectivo y más de 20 propiedades, entre ellas, los terrenos anexos a la depuradora. El capital social llegó hasta los 600.000 euros.

La Fiscalía considera que en la trama actuaron, además de sus hijos, la pareja empresarial de Martínez, Raúl Babiloni, -Babiloni y la familia Martínez tienen relaciones societarias en al menos dos empresas más, Gestintur y Prodever, también investigadas en la causa- el entonces alcalde de Borriol, Adelino Santamaría, el jefe del Área Técnica de la Diputación y un testaferro, empleado de Babiloni. La Fiscalía pide para ellos un total 20 años de prisión.

Con Carlos Fabra en la prisión, el juicio por el caso de la depuradora de Borriol que empieza este lunes trasciende el lucro ilícito por la expropiación de unos terrenos. Se trata de la pieza por la que la sociedad castellonense continúa su particular catarsis tras los años del fabrismo.

Socialmente se consideran juzgados ya los años de Fabra. Ahora se trata de juzgar el entramado de Francisco Martínez. A la sensación de causa global sobre el fabrismo contribuye la entidad de la lista de testigos, 27. Entre los que se encuentran el actual presidente de la Diputación y mandatario del Partido Popular, Javier Moliner, que comparecerá el día 23, y el actual vicealcalde de Castellón, Enric Nomdedéu, dirigente de Compromís, que lo hará el 24 de febrero.