La ANC busca tranquilizar a los funcionarios que temen represalias legales por la secesión

La entidad cree que el código penal no contempla penas por el independentismo

Imagen de la dirección de la Asamblea Nacional Catalana junto a miembros  de CDC y ERC.
Imagen de la dirección de la Asamblea Nacional Catalana junto a miembros de CDC y ERC.Efe

La Asamblea Nacional Catalana quiere tranquilizar a los trabajadores públicos que tienen dudas sobre la legalidad de las normas que contempla el proceso independentista. La entidad ha lanzado este jueves, el mismo día en que se ha conocido que la Audiencia Nacional le investiga por promover mociones a favor de la independencia, el mensaje de que el código penal español no acoge penas por el delito de secesionismo si no hay casos de violencia. Así lo he defendido Joan Antón Font, autor de un informe que está preparando la plataforma que mantiene que ningún funcionario público será condenado por la consulta impugnada por el Tribunal Constitucional del 9-N de 2014. Según la interpretación de la ANC, ni el delito de secesionismo, ni el de rebelión, se podrán aplicar a ningún trabajador de la administración porque no se han dado “tumultos ni revueltas violentas”.

"El derecho penal español no ha tipificado como delito el hecho de que una parte de su territorio se quiera independizar y que los funcionarios lo hagan posible", ha explicado Font, que es secretario general del Ayuntamiento de Tarragona y pertenece a la rama sectorial de secretarios, interventores y tesoreros de la ANC. En realidad, Font añade el matiz de que ningún punto del código penal —como el de sedición, o rebelión— se ajusta a lo que ha pasado hasta ahora en Cataluña porque no ha habido violencia. La entidad busca calmar al sector de trabajadores públicos que se han visto involucrados en actos como la consulta de 2014 y también ante las futuras leyes de desconexión que ya han empezado a tramitarse y que tendrán que ser aplicadas por los funcionarios en algún momento.

El informe, —que aún no ha hecho público—, analiza según su autor la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Constitucional sobre los delitos de sedición, traición y rebelión hasta hoy. "No hemos añadido ningún punto de interpretación que no hayan hecho esas instancias", ha asegurado Font. Esta interpretación añade que "si los legisladores hacen sus deberes", es decir, si dictan normas concretas para llevar a cabo la "desconexión" desde el Parlament, ningún funcionario podrá ser condenado si las acata, solo "si actúa por libre", insiste Font. En lo que no ha entrado es que esas normas serán anuladas probablemente por la intención del Gobierno central de recurrir todos los pasos del proceso independentista.

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La ANC dice que tampoco los autores de las órdenes podrán ser condenados por desobediencia porque esta figura va dirigida a cargos concretos "y no podrán ir contra miles de personas que ejercen esta función", ha añadido. El mensaje que le lanza a los trabajadores públicos la entidad, pensando sobre todo en Mossos d'Esquadra, es que en caso de un conflicto de leyes —o catalana, o española— los funcionarios siempre están amparados en las "competencias" de la legalidad catalana.

En este sentido, según la ANC, abogacía del estado “se está rasgando las vestiduras” al no encontrar la manera de condenar a ninguno de los procesados por la consulta del 9-N: el expresidente Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau.

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