Ingresa en prisión el dueño de las clínicas Funnydent
La titular del Juzgado número 5 de Navalcarnero (Madrid) ha ordenado su ingreso en la cárcel
La magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Navalcarnero (Madrid), en función de guardia de detenidos, ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza de Cristóbal López Vivar, responsable de las clínicas Funnydent, por su supuesta participación en un presunto delito de estafa, según ha informado esta mañana el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El investigado ha ingresado en el centro penitenciario Madrid 4 donde se encuentra a disposición de este juzgado.
La detención se produjo el pasado viernes en Navalcarnero, desde fue trasladado a la comisaría de Móstoles. Allí ha estado detenido y prestando declaración durante el fin de semana antes de pasar a disposición judicial. López cerró de improviso y sin previo aviso las nueve clínicas que tiene en Madrid (siete) y en Cataluña, dejando a miles de clientes sin sus tratamientos dentales. Algunos habían pagado hasta 12.000 euros.
Los afectados han iniciado una recogida de firmas en la change.org y han creado una plataforma de afectados. Hasta el pasado viernes, se habían presentado más de una centena de denuncias de diversos clientes afectados. Fuentes policiales creen que el número irá creciendo en los próximos días. Estos ya han convocado reuniones en las puertas de los centros clausurados para organizarse con vistas a emprender acciones legales contra el dueño de las clínicas.
OCU y Facua, que ha creado una plataforma, también velarán por los derechos de los clientes. Sus equipos jurídicos están preparando acciones contra Grupo Éxito Dental 2012, sociedad propietaria de las clínicas, de la que López Vivar es único administrador. "A pesar de lo que dicen, claro que se pueden paralizar los créditos, solo hay que notificarlo por escrito a la financiera. Incluso se puede exigir la devolución de parte de lo pagado", subraya Rubén Sánchez.
La Comunidad de Madrid ha descartado iniciar acciones a través de la Consejería de Sanidad al determinar que se trata de un problema económico.
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