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El Consell pagó el metro cuadrado de los colegios a precio de pisos nuevos

Ciegsa, empresa creada por la Generalitat, construía un 36% más caro que la Administración

Ignacio Zafra
Instituto en Utiel, al interior de Valencia.
Instituto en Utiel, al interior de Valencia.

El Gobierno valenciano pagó durante años el metro cuadrado de colegios e institutos a precio de vivienda nueva. Lo hizo a través de la empresa pública Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Sociedad Anónima (Ciegsa). La entidad, creada por la Administración del PP en el año 2000 con el objetivo de ganar eficiencia en la apertura de nuevos centros escolares, construyó en realidad un 36% más caro de lo que lo hacía en paralelo la Generalitat directamente. El sobrecoste total estimado por el actual Consell rondó, como ya se había adelantado, mil millones de euros.

El informe presentado este miércoles por los consejeros de Educación, Vicent Marzà, y Hacienda, Vicent Soler, cita el análisis encargado a otro departamento, el de Infraestructuras. Comparando centros licitados directamente por Educación con otros encargados por Ciegsa "cuyas características se asemejan casi en su totalidad", el mayor coste en el caso de la segunda va en aumento conforme se concretan las obras.

En el momento de la licitación la diferencia es del 17%. Tras la adjudicación alcanza el 23%. Y el coste del metro cuadrado tras la liquidación del contrato se dispara un 36% cuando Ciegsa construía. Hasta los 912 euros por metro cuadrado, frente a los 670 euros que costaba el metro cuadrado cuando construía la Generalitat.

La gestión de Ciegsa ha sido polémica. La oposición denunció la existencia de sobrecostes en su funcionamiento y la negativa de sus responsables a facilitar datos a los diputados. El que fue durante años consejero delegado de la empresa, Máximo Caturla, dimitió el año pasado como vicepresidente de la Diputación de Valencia tras difundirse grabaciones en las que hablaba aparentemente del cobro de comisiones en la adjudicación de contratos públicos. Se trata del mismo caso que acabó con la carrera política del expresidente de la Corporación provincial del Valencia y del PP en la provincia Alfonso Rus.

Según los cálculos del actual Gobierno valenciano, integrado por socialistas y Compromís, con los sobrecostes que pagó Ciegsa la Generalitat podría haber levantado 200 centros colegios e institutos. La estimación de los sobrecostes incluye el 36% más caro que resultaban los centros cuando los hacía Ciegsa,  que suman 457 millones de euros. Y los gastos de personal de la empresa pública, costes financieros y otros tipo. En total, 997 millones de euros.

El informe de la Intervención General de la Generalitat destaca la falta de supervisión por parte de la Administración autonómica. "El control que debía efectuar la consejería sobre los encargos realizados a Ciegsa quedó comprometido" debido a que el departamento "renunció a las potestades de dirección, inspección, control y recepción de las obras que le reserva la ley".

La consecuencia fue que los sucesivos encargos a Ciegsa adolecieron de "falta de control manifiesta y un vaciamiento de competencias". "La consejería limita sus funciones a determinar el programa de necesidades y la ficha técnica del centro, acudir a la visita previa a la recepción, y no siempre, y al posterior acto de recepción y puesta a disposición de los centros a la consejería".

Soler ha acusado a la anterior Administración de crear una "Consejería de Educación en b", privatizando un servicio público como la educación. Marzà ha señalado que Ciegsa dejó sin realizar 210 actuaciones, algunas de las cuales "implicaron gasto" a pesar de no haberse materializado.

Los consejeros han mostrado una caja en la que figura el plan elaborado por trabajadores de Ciegsa para acabar progresivamente con la existencia de barracones en los centros educativos valencianos. Un plan que, según han explicado, los responsables de la empresa pública no llegaron a poner en marcha.

Marzà ha indicado, además, que en algunos casos los barracones se contrataban por parte de Ciegsa antes de saber para qué iban a utilizarse, porque no estaban vinculados a ninguna obra nueva. El informe de la Intervención ha sido entregado a la Abogacía de la Generalitat, y el Consell decidirá en principio esta semana si lo lleva a la fiscalía.

El futuro "más probable" de Ciegsa es el cierre, ha afirmado Soler, pero el asunto no está resuelto. El consejero ha advertido del problema que implicaría "la transición". El departamento de infraestructuras no tiene personal suficiente como para ejecutar la construcción de colegios y en Ciegsa hay trabajadores, cuya profesionalidad ha sido defendida por ambos miembros del Consell, que sí están capacitados para ello.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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