Imelsa llegó a pagar cinco veces por lo mismo durante el mandato de Rus

La gran empresa pública de la Diputación de Valencia, Impulso Económico Local Sociedad Anónima (Imelsa), incumplió de forma reiterada la legalidad a la hora de contratar servicios y personal. Llegó a pagar cinco veces por lo mismo e incorporó trabajadores al margen de las normas que regulan el acceso al empleo público. Así consta en las auditorías practicadas a la entidad entre 2011 y 2014 que acaban de ser aprobadas por la corporación provincial.

En esa etapa estaba al frente de la Diputación Alfonso Rus, retirado de la política después de que salieran a la luz grabaciones que le implican en el presunto cobro de comisiones a cambio de contratos públicos. Un asunto que está siendo investigado por la justicia. El gerente de Imelsa en ese periodo era Marcos Benavent, el hombre que efectuó las grabaciones, según ha reconocido, y colabora ahora con la justicia.

Las auditorías de cumplimiento de la legalidad advierten de que las contrataciones de trabajadores se realizaron "sin que se hayan atendido los principios rectores de acceso al empleo público", que legalmente deben respetar "los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad".

Contratos en la crisis

Tampoco se respetaron, en este capítulo, las previsiones recogidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado que restringían la incorporación de personal dentro del paquete de medidas de ajuste ante la situación de crisis económica. En 2011, las plazas de nuevo ingreso solo podrían haber representado el "10% de la tasa de reposición de efectivos". En los tres ejercicios siguientes no podría haber contratado a nadie, ya que la ley solo permitía "excepciones que en el caso que nos ocupa no se cumplen".

Las auditorías reflejan que Impulso Económico Local siguió contratando personal durante la crisis, contra lo que establecía la ley. Y que las incorporaciones se hicieron infringiendo las leyes de acceso al empleo público. El supuesto enchufismo en la contratación de Imelsa es uno de los asuntos que está siendo investigado por la justicia en una causa que sigue siendo secreta.

La empresa de la Diputación de Valencia se desvió también de la ley en los contratos menores. Estos pueden adjudicarse de forma directa, sin convocatorias públicas competitivas. Estaban limitados a cantidades inferiores a 18.000 euros, pero en Imelsa se ampliaban hasta 50.000. La sociedad no tuvo, además, "predefinido ni establecido ningún procedimiento para tramitar adjudicaciones" de este tipo hasta 2014, el último año analizado.

Dirección de obras

Los auditores detectan facturas por servicios de "dirección de obra de piscinas cubiertas, de campos de fútbol, y pistas de pádel cuyos conceptos e informes facturados constan de forma duplicada por sociedades diferentes". Y solamente una de ellas tiene "el visto bueno del responsable" y "la documentación que lo justifica".

Un mismo concepto llegó a pagarse hasta cinco veces, como la "dirección de obra del campo de fútbol de Miramar". O cuatro veces, como "la dirección de obra de la piscina cubierta de Canals" y Enguera. En los ejercicios 2011 y 2012, los pagos que los auditores consideran indebidos por este motivo ascendieron a 108.785 euros.

Los informes alertan de que, como sucedió en otras sociedades públicas valencianas cuya gestión está ahora en los tribunales, caso de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales Sociedad Anónima (Emarsa), pudo pagarse por servicios o suministros inexistentes. "Se han detectado diversas facturas donde la conformidad del gasto solamente se soporta con el pago de las mismas, sin que exista documentación justificativa adicional que nos permita asegurar que los trabajos hayan sido efectivamente realizados".

La empresa pública también eludió los "principios de publicidad, concurrencia y objetividad" a la hora de firmar contratos de patrocinio y convenios de colaboración sin que estuviera "justificada la oportunidad y conveniencia" de apartarse de lo previsto en la ley.

Crítica a los auditores

Las auditorías se refieren a ejercicios en los que el máximo responsable de la Diputación era Rus. Pero han sido los nuevos responsables quienes han realizado las alegaciones a las mismas. Los gestores de Imelsa son muy críticos con los auditores de la empresa Gesem, y consideran que sus informes "carecen de consistencia y rigor".

Los nuevos responsables de la sociedad señalan, por ejemplo, que los auditores afirman haber analizado la relación con "aquellos proveedores que acumulan un mayor importe contratado", cuando en realidad existen 50 proveedores distintos de los seleccionados "que acumulan volúmenes superiores a alguno de los elegidos".