Aneri y un exsocio crean nuevas empresas para fondos de formación

El principal imputado en el fraude de los cursos de formación de Madrid, José Luis Aneri, ha vuelto a las andadas y ha creado un nuevo entramado de empresas para captar subvenciones públicas. En un mes, el empresario cordobés ha dado de alta 15 consultoras a nombre de su actual pareja. Ocho están domiciliadas en su vivienda del Paseo de la Castellana, donde fue detenido en 2014. Aneri es uno de los cabecillas de una presunta estafa de más de 15 millones de fondos de formación que investiga el juzgado de Instrucción número 9. Otro de los cerebros, Víctor Porta, también ha creado este año una empresa de formación.

Entre septiembre y octubre de este año, 15 nuevas empresas fueron dadas de alta en el registro con una misma administradora: Liliane Dutra. Esta mujer brasileña es la actual pareja de Aneri, la misma a cuyo nombre colocó el chalé de lujo de 1.042 metros cuadrados que había comprado en Córdoba para intentar salvarlo del embargo judicial.

Aneri se hizo famoso en los juzgados por gestionar durante años un entramado de firmas —cuya matriz era Sinergia Empresarial— desde el que solicitó subvenciones para cursos de formación online para asociaciones empresariales madrileñas. En muchos casos, estos cursos no se impartieron. Las fichas de miles de alumnos se rellenaban de forma automática con ordenadores. Según el sumario del caso, utilizó 40 empresas pantalla puestas a su nombre o de testaferros. En un solo día, el 6 de marzo de 2012, dio de alta cuatro sociedades fantasma.

A nombre de su pareja

Aquel modus operandi se repite tres años después. Las firmas de su pareja tienen nombres como Octopus Global, Tricórdoba o Renacimiento EOCC. Una de ellas, Altlacast Brasil, aparece en un expediente actualmente en tramitación en el Ministerio de Empleo como consultora de cursos para 820 alumnos de dos empresas que han pedido subvenciones del programa de garantía juvenil destinado a la consecución de un primer empleo.

Las solicitudes de ambas empresas entraron por registro el mismo día, el 28 de septiembre de 2015. Dutracube SL —que hace un juego de palabras con el apellido de la mujer de Aneri— y Chango Businnes SL tienen un mismo administrador, Daniel Mercean. El hombre, de nacionalidad rumana, incluyó dos teléfonos de contacto (dos líneas 900) en los papeles para pedir los fondos públicos. Un contestador con voz automática responde en ambos números. Las dos solicitudes suman 621.888 euros, según la documentación de la convocatoria —aún pendiente de resolución— a la que ha tenido acceso este diario.

Más de 600.000 euros en fondos

Changó Business, SL, pide 348.864 euros para formar a 460 alumnos que saldrán con contrato fijo. Dutracube solicitó ayudas para un plan con 43.200 horas de formación y 360 participantes, según la documentación de la convocatoria a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Ambas sociedades están domiciliadas, según consta en el Registro Mercantil, en la vivienda de José Luis Aneri situada en las inmediaciones del Paseo de la Castellana, como la mayoría de las nuevas consultoras de su mujer.

En esa vivienda, quien abre la puerta tras oír el timbre es el propio Aneri, que ayer rechazó hablar con EL PAÍS de estas nuevas empresas y del escándalo de formación por el que continúa imputado por malversación de fondos públicos y alzamiento de bienes.

Aneri empezó en el mundillo de la formación de la mano del empresario Alfonso Tezanos, expresidente de la Comisión de Formación de la patronal madrileña y con cargos en la Cámara de Comercio de Madrid, que también está imputado en este caso. Otro de los cerebros de la trama que también está imputado es Víctor Porta, que era vicepresidente de la Comisión de Transportes de la Cámara de Comercio madrileña antes de que se destapara el caso. Porta ha creado también su propia empresa de formación en 2015, según consta en el registro mercantil.

Más de 8.000 folios

El juzgado de Instrucción número 9, al frente desde hace dos años de una investigación judicial con altibajos que acumula ya más de 8.000 folios, reclamó en un auto del 15 de octubre el embargo de 36 cuentas bancarias de los cabecillas. La mayoría de esas cuentas corresponde a la madejade empresas que se fue tejiendo para captar ayudas públicas, aunque también constaban cuentas particulares.

El juzgado solicitó también, a instancias del fiscal, que se investigue la cúpula política de las consejerías madrileñas de Empleo en los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González entre 2010 y 2014. El auto judicial pone la lupa sobre los equipos directivos de Paloma Adrados, consejera de Empleo entre 2007 y 2011, Lucía Figar, consejera de Educación y Empleo entre 2011 y septiembre de 2012, y Ana Isabel Mariño, que asumió Empleo cuando Ignacio González sucedió a Esperanza Aguirre en septiembre de 2012.

Además, tras las vacaciones de Navidad, está también prevista una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid centrada en los cursos de formación gestionados por esta trama. Entre las comparecencias solicitadas, hay destacados nombres de la patronal madrileña (CEIM) y de la Cámara de Comercio y exaltos cargos de la Comunidad de Madrid. El partido Podemos, en la oposición, ha solicitado por ejemplo que declaren Arturo Fernández, expresidente de la patronal; Alejandro Couceiro, exsecretario general; o antiguos cargos de la consejería de Empleo.