Estrasburgo investigará si España vulneró el derecho al honor de Mas

Tras los sinsabores por los malos resultados del 20-D, y con el futuro político pendiente de un hilo, Artur Mas recibió ayer una buena noticia: la justicia europea investigará si España ha vulnerado su derecho al honor. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, ha admitido a trámite el recurso que Mas interpuso contra el carpetazo a la causa de los informes apócrifos. En 2012, el presidente se querelló por injurias y calumnias contra el diario El Mundo por publicar un borrador policial que le atribuía el cobro de comisiones.

La juez de instrucción, la Audiencia de Madrid y el Tribunal Constitucional archivaron la causa y concluyeron que los periodistas actuaron “de manera razonable en la comprobación de la veracidad de los hechos”. Mas, sin embargo, recurrió a Estrasburgo por vulneración del derecho fundamental a la intimidad personal y al honor con otro argumento: la justicia española no había investigado de forma suficiente las “circunstancias” que llevaron a publicar ese borrador, lo que le generó “indefensión”.

En plena campaña para las elecciones catalanas de 2012 —en las que Mas planteó, por primera vez, la necesidad de celebrar un referéndum sobre la independencia— El Mundo publicó el contenido del borrador. El documento, anónimo, acusaba a Mas y a su antecesor, Jordi Pujol, de cobrar comisiones procedentes del Palau de la Música y depositarlas en cuentas en Suiza. La existencia del supuesto informe no fue reconocida por el juez y el fiscal del caso Palau y ni siquiera por el Ministerio del Interior o la policía.

Mas (y también Pujol) se querellaron contra la empresa propietaria del diario y contra los dos periodistas que firmaban la información. Tras el fracaso de la querella, y ya en medio del escándalo por su fortuna oculta, Pujol desistió de recurrir al TEDH. Mas siguió adelante. La decisión de Estrasburgo es poco habitual —apenas admite el 2% de los recursos que recibe— e implica, de momento, que el Gobierno español tendrá que hacer alegaciones a la demanda. El caso podría acabar con una condena al Estado, pero en ningún caso permitiría reabrir la querella inicial por injurias.