El juez indaga si la Generalitat usó datos sanitarios para organizar el 9-N

La investigación judicial por la consulta independentista del 9-N amplía horizontes. El juez indaga ahora, a petición de la Fiscalía, si la Generalitat utilizó datos sanitarios para organizar la jornada de participación. Un técnico y un responsable de T-Systems -la empresa contratada para poner en marcha la "arquitectura" de la base de datos- declararán como testigos el próximo enero.

El fiscal cree que los trabajos asumidos por T-Systems y otras empresas se enmarcaron en un proyecto más amplio, bautizado como Invictus, que fue "directamente impulsado" por el Departamento de Presidència y tenía como objetivo "crear dos bases de datos de ciudadanos" de cara a la consulta del 9 de noviembre de 2014.

Uno de los ficheros iba a cargarse con datos "extraídos del Registro Central de Asegurados" del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut); el otro, con datos del Registro de Población de Cataluña. "Cabe concluir", señala el fiscal, que la aplicación creada por T-Systems e instalada en los 7.000 ordenadores que la Generalitat compró para la consulta y distribuyó en los centros de votación, "incluía el tratamiento e datos personales" con origen en "ficheros de titularidad pública".

Los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled pidieron la declaración de los dos empleados de T-Systems, que este lunes ha sido acordada por el juez: Bernat R. -encargado de coordinar los trabajos con la Generalitat- y el técnico Alejandro N. La Fiscalía también ha solicitado (y así lo ha acordado el juez) que se pida a Presidència si las bases de datos del proyecto Invictus "fueron efectivamente creadas".

En su declaración como imputado por un delito de desobediencia, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, negó que se usaran datos de ficheros públicos en la consulta. En la misma línea se expresaron las otras dos personas imputadas en la causa del 9-N: la exvicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Enseñanza en funciones Irene Rigau. Todos ellos asumieron su responsabilidad política, pero afirmaron que, tras el veto del Tribunal Constitucional (el 4 de noviembre), la Generalitat se desentendió del proceso, que quedó en manos de "voluntarios".

Campaña institucional

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Joan Manel Abril, instructor de la causa del 9-N, también ha acordado nuevas diligencias pedidas por la Fiscalía sobre los gastos en que incurrió la Generalitat para organizar la consulta. La "partida más cuantiosa" asumida por el Departamento de Presidència, señala el fiscal, es la relativa a la "inserción en los medios de comunicación de los contenidos de la campaña institucional para informar sobre el proceso de participación": un total de 806.403 euros.

La empresa adjudicataria fue Media Planning Group, propiedad de la familia Rodés. El fiscal considera que, por ahora, "se carece de suficiente información tanto en relación con el encargo efectuado" a esa empresa como su ejecución. Y por ello ha pedido a Media Planning la "relación completa de las actuaciones efectuadas", incluyendo una "descripción detallada" de cada actividad. También ha solicitado a Presidència que remita "el expediente completo de contratación".