Colau aplaza a 2018 la ordenanza de terrazas y suavizará las distancias

Nuevo capítulo en la polémica aplicación de la ordenanza de terrazas del Ayuntamiento de Barcelona. Una norma que se aprobó durante el pasado mandato del alcalde Xavier Trias con los votos de CiU y PP, pero que entra en vigor por fases, de manera que es el actual Gobierno municipal quién tiene que hacer cumplir los aspectos más polémicos. La norma ha provocado que el Gremio de Restauradores se rebelara con una dura campaña de presión, incluso con personajes conocidos de la ciudad "apadrinando" sus terrazas favoritas. El problema es que si entra en vigor el texto aprobado, miles de terrazas tendrán que reducir el número de mesas y sillas.

Concretamente, los cambios que el Ejecutivo de la alcaldesa Ada Colau someterá a votación en la Comisión de Urbanismo de la semana que viene prevén aplazar dos años (hasta el 1 de enero del 2018), la entrada en vigor de las condiciones de ubicación de las terrazas respecto a los locales que debían ser efectivas el próximo uno de enero. También prevé alargar las obligaciones que marca en cuanto al número de sanitarios y a la accesibilidad de los establecimientos y que debería entrar en vigor en 2017.

En paralelo, el Gobierno municipal también hará ajustes en el régimen de distancias entre las mesas y sillas de las terrazas y el mobiliario urbano de la ciudad, el objeto de la polémica que arrancó después del verano pasado. Además, los 1,8 metros que marca el actual texto que tiene que haber entre las terrazas de diferentes establecimientos, se reducirán a 1,5, una modificación que, según el Ayuntamiento solo hará falta que pase, en breve, por la Comisión de Gobierno. Las modificaciones, con todo, no han contentado al 100% al Gremio de Restauración, que lo que pide es la "suspensión" del régimen de distancias.

Las medidas propuestas por el actual Gobierno “son de carácter inmediato y suponen un primer paso mientras se trabaja en la redacción de una modificación de la ordenanza que lo adapte a las necesidades reales de los vecinos y de los restauradores”, ha afirmado el Ayuntamiento en un comunicado. La cuarta teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Janet Sanz, ha defendido las medidas tomadas para "hacer compatible el uso del espacio público para actividades económicas con su uso vecinal".

El Consistorio también prevé que la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAVB) y ArquinFAD entren a formar parte de la comisión técnica de terrazas donde se discute y se hace seguimiento de la ordenanza.