La Generalitat indicó a una empresa que siguiera con el 9-N pese al veto

La Generalitat indicó a empresas contratadas para organizar el 9-N que siguieran adelante con sus trabajos pese a la prohibición del Tribunal Constitucional (TC) de organizar la consulta. Así queda reflejado en la ingente documentación remitida por las compañías al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que mantiene imputado por desobediencia al presidente de la Generalitat, Artur Mas, a la exvicepresidenta Joana Ortega y a la consejera de Enseñanza, Irene Rigau. “Ninguna de las actividades que relacionáis resultan explícitamente afectadas por la resolución”, contestó un alto cargo de la Generalitat a la empresa de telecomunicaciones T-Systems, solo dos días antes de la consulta sobre la independencia.

El 4 de noviembre, el Tribunal Constitucional prohibió la consulta. Ese mismo día, el director general de T-Systems, José Manuel Desco, escribió a la Generalitat: “A la vista de la resolución y teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades que nos encargasteis en relación con este proceso, os rogamos que nos confirméis que no resultan afectadas por la mencionada resolución”. Desco pidió al órgano público que les contrató –el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, CTTI– “instrucciones detalladas sobre cómo tenemos que proceder”.

T-Systems señaló, en la misma misiva, los tres trabajos contratados que podían verse afectados por la resolución: la “aplicación web de registro, presentación y publicación de resultados”, el “apoyo técnico” a ese aplicativo y un operativo especial “de guardia” ante “posibles incidencias técnicas” durante la jornada de votación. La empresa pedía una respuesta rápida por su “compromiso con el cumplimiento de la legalidad y, al mismo tiempo, con una excelente prestación de servicios”.

La contestación llegó tres días más tarde, el 7, firmada por el director gerente del CTTI, Jordi Escalé. “El presidente del consejo de administración del CTTI me traslada que la opinión de los servicios jurídicos de la Generalitat” es que las actividades no están “afectadas” por la resolución.

El análisis de ese y otros documentos ha llevado a la Fiscalía a pedir nuevas diligencias de investigación. El objetivo es averiguar si, como sospecha la acusación, la Generalitat “mantuvo en todo momento y hasta el final un control determinante sobre la preparación y desarrollo de la votación, en abierta contradicción con la suspensión” dictada por el Constitucional. En sus declaraciones como imputados, Mas, Ortega y Rigau aseguraron que, tras el 4 de noviembre, el Gobierno catalán se desentendió de la consulta y el proceso quedó en manos de voluntarios.