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Las consultoras exigen al FLA 330 millones que les debe la Generalitat

Las empresas advierten del "quebranto" que les supone quedar fuera de los servicios que deberán pagarse de forma prioritaria

Lluís Pellicer

Las empresas de consultoría reclamaron ayer poder cobrar del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) una deuda de 330 millones de euros que arrastran de la Generalitat por servicios prestados. Las patronales del sector advirtieron ayer de que “los servicios de consultoría” quedan fuera de las partidas a las que la Generalitat debe atender de forma prioritaria a raíz de la orden ministerial con la que el Ministerio de Hacienda pasará a controlar el gasto que efectúa la Generalitat con los recursos del FLA y del sistema de financiación autonómica.

La Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC) y la Asociación Catalana de Empresas Consultoras (ACEC) emitieron ayer un comunicado para avisar de “las graves consecuencias” que puede acarrear la “incorrecta interpretación y aplicación” del acuerdo que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos adoptó el pasado 20 de noviembre. En concreto, advirtieron del “gran quebranto” de las empresas que prestan el servicio tecnológico a través de los contratos con la sociedad pública CTTI.

En el comunicado, las compañías sostienen que el FLA tiene como objetivo “asegurar la correcta financiación de los sectores públicos y privados” para “garantizar la prestación de los servicios públicos fundamentales” y reclaman que se consideren los servicios tecnológicos prestados como “un servicio básico” —en mayúsculas en la nota— y sean incluidos dentro de “partidas que se consideran prioritarias”. El Ministerio de Hacienda anunció que el próximo miércoles los proveedores de la Generalitat que presten servicios básicos cobrarán 3.035 millones de euros en concepto de facturas pendientes.

Entre los asociadas a la AEC y la ACEC hay proveedores como PwC, Deloitte, KPMG, EY, HP, Capgemini, Indra, T-Systems o IBM.

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Sobre la firma

Lluís Pellicer
Es jefe de sección de Nacional de EL PAÍS. Antes fue jefe de Economía, corresponsal en Bruselas y redactor en Barcelona. Ha cubierto la crisis inmobiliaria de 2008, las reuniones del BCE y las cumbres del FMI. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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