Mas y la CUP se acercan con un plan que revierte medidas del Gobierno

Una de las acciones propuestas, crear un banco público, está en manos del BCE

Benet Salellas y Anna Gabriel entran en la Generalitat para negociar con Mas
Benet Salellas y Anna Gabriel entran en la Generalitat para negociar con MasAlbert Garcia

Junts pel Sí (JxSí) ha acercado posiciones con la CUP para investir a Artur Mas tras ofrecerle un plan de choque con 20 medidas sociales y económicas. Algunas de ellas consisten en revertir políticas de CiU, como la reforma de la renta mínima de inserción o la retirada de los conciertos a los centros educativos que no sean mixtos; otras solo podrán ser aplicadas si Cataluña alcanza la independencia, como la dación en pago o fijar el salario mínimo en 1.000 euros mensuales; otras requieren de dotación presupuestaria que el consejero Andreu Mas-Colell ya puso en duda, y por último, otras resultan vagas. Aun así, fuentes de la dirección de la CUP explicaron que el plan “acerca mucho las posibilidades de acuerdo para la investidura”.

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El problema ahora para la formación anticapitalista es conseguir que el acuerdo, adelantado ayer por el Ara, sea aceptable para la totalidad de los grupos y corrientes internas, algunos de los cuales muy opuestos a la investidura de Mas. Las asambleas territoriales que se han celebrado los últimos días han vuelto a mostrar la división que existe, especialmente entre las zonas rurales, más favorables a la investidura, y las urbanas, más contrarias.

Con todo, las mismas fuentes explicaron que se está notando un cambio favorable a la investidura porque hay un mayor número de militantes que entienden que hay posibilidades de formar un gobierno para avanzar hacia la independencia. De momento, la CUP mantiene la asamblea del día 27, pero no descarta adelantarla si el acuerdo se acelera.

Según JxSí, tres medidas del plan podrían ser aprobadas con la prórroga presupuestaria de diciembre. Entre ellas, JxSí propone garantizar el 100% de la cobertura alimentaria de los niños en riesgo de exclusión social, un servicio del que se hace cargo hasta ahora, en la medida de lo posible, entidades como el Banco de Alimentos, ayuntamientos o diputaciones mediante la gestión de las becas comedor. Esta medida supondrá un importante desembolso porque, solo en becas comedor, el Departamento de Enseñanza destinó unos 40 millones y pagó las ayudas de 80.000 niños. Las entidades sociales alertan de que quedan 240.000 menores en riesgo de exclusión que no reciben esta prestación.

Las otras dos medidas a aplicar de inmediato consisten simplemente en “aplicar la ley” de emergencia de la vivienda y la ley contra la pobreza energética. Las entidades sociales sí han advertido que las empresas no cumplen lo que manda la ley. Por ejemplo, la norma de pobreza energética contempla el principio de precaución por el que las empresas han de contactar con servicios sociales y conocer la situación familiar antes de ejecutar un corte de suministro y, sin embargo, algunas compañías no siguen este protocolo. La coalición política propone, además, un fondo contra la pobreza energética, un depósito que ya existe y para el que la Administración ha destinado 10 millones de euros este año.

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Medidas políticas

Junts pel Sí ha ofrecido a la CUP revisar la posición de la Generalitat como a acusación en los procesos judiciales con trasfondo político. La formación independentista accede así a una de las demandas históricas de los anticapitalistas pero marca una línea roja: revisará su papel en todos los procesos excepto aquellos en el que el motivo de la denuncia sea una agresión a un mosso d'esquadra.

A condición de unos nuevos presupuestos, JxSí se compromete a reducir un 50% las listas de espera para el especialista y para pruebas diagnósticas. La medida, a corto plazo y con los recursos disponibles (8.200 millones, 1.000 menos que hace cuatro años), se complica porque el CatSalut acumulaba en junio una lista de espera de 112.673 personas para acceder a una prueba diagnóstica. Recortar la lista en más de 50.000 personas será difícil para el CatSalut porque este año, pese al ligero incremento de presupuesto para salud (un 2%), la espera para pruebas diagnósticas aumentó un 13,36% respecto a junio de 2014.

Abonar las prestaciones de dependencia a todos los beneficiarios reconocidos por ley —unos 139.000— tampoco resultará fácil de cumplir. Más de 50.000 beneficiarios no han podido acceder a la ayuda que se le otorgó. De estas, unas 17.000 personas están en lista de espera para las ayudas para pagar una plaza en una residencia concertada mientras esperan una cama pública.

JxSí también propone cubrir toda la demanda de plazas de guarderías, otra promesa complicada a corto plazo porque la cobertura actual es del 35,9% (79.052 personas). La tasa, por encima del objetivo marcado por el Consejo Europeo (33%), es la segunda más alta desde el curso 2006-2007. La formación independentista también propone “recuperar la consideración” de la renta mínima de inserción como “derecho subjetivo” y no condicionado al Presupuesto. Eso supone revertir la polémica reforma del exconsejero Francesc Xavier Mena, que restringió la ayuda y la dejó ligada a disponibilidades presupuestarias.

En el terreno económico, JxSí se comprometió a crear un banco público a partir del Instituto Catalán de Finanzas. CiU ya pactó esa medida con ERC en la pasada legislatura, pero la obtención de la ficha bancaria está ahora en manos del Banco Central Europeo (BCE). También consta el compromiso de fijar un salario mínimo interprofesional de mil euros, aunque ello dependerá de que Cataluña se independice.

Información elaborada por Camilo S. Baquero, Jessica Mouzo, Miquel Noguer y Lluís Pellicer.

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