Acampada en el Ayuntamiento de Alicante para exigir alquileres sociales

Miembros del colectivo Stop Desahucios y de la Plataforma de Afectados Por la Hipoteca han montado una tienda de campaña y han extendido una pancarta reivindicativa con el lema “la vivienda es un derecho, no un privilegio” en el zaguán del Ayuntamiento de Alicante. Su objetivo es lograr que el presupuesto de 750.000 euros que el gobierno de la ciudad ha aprobado destinar a la compra de pisos usados a entidades bancarias se dedique a sufragar alquileres sociales para familias sin hogar.

Los miembros de las plataformas “no dudan de la buena voluntad” de los concejales del tripartito, varios de los cuales les han atendido durante toda la mañana, pero consideran equivocada la medida de adquirir inmuebles a los bancos “que pertenecieron a familias que los perdieron en desahucios”. Consideran además que la compra resolverá el problema de menos familias de lo que lo haría el sistema de alquiler, que además podría resolver de inmediato “el drama de gente que esta misma noche va a dormir en la calle”.

Los concentrados han solicitado reunirse con el alcalde Gabriel Echávarri, que ha mantenido una breve conversación con ellos cuando abandonaba las dependencias municipales. El primer edil ha ofrecido recibir a los portavoces de Stop Desahucios el próximo viernes, pero ellos han considerado “urgente” ser atendidos hoy o mañana. Ante esa postura, Echávarri ha acusado al grupo de “insolidario” con otros colectivos que también sufren problemas urgentes y les ha preguntado si deseaban anular la cita del viernes, a lo que ellos han respondido afirmativamente. En un comunicado remitido más tarde desde Alcaldía, Echávarri ha “lamentado” que su propuesta haya sido rechazada.

La concejala de Vivienda y Acción Social, Nerea Belmonte; el vicealcalde, Miguel Ángel Pavón; el portavoz del gobierno tripartito, Natxo Bellido y la concejala de Hacienda, Sofía Morales, sí se han entrevistado durante varias horas con los miembros de las plataformas para conocer sus demandas y buscar soluciones a una situación que afecta "a cientos de familias" en Alicante. Tras una larga negociación, los ediles han aceptado que el grupo accediera a las dependencias municipales con el objetivo de reunirse con el interventor municipal para explorar la posibilidad de atender alguna de sus demandas.

Francisco Moreno, portavoz del colectivo, señala que la concejal de Vivienda y Acción Social "no es la culpable" de la situación porque cuenta con recursos limitados, pero ha reprochado que el equipo de gobierno dedique recursos a "gastos superfluos" para otros fines cuando en "Alicante hay pobreza extrema" y ha recordado que los partidos que constituyen el tripartito en el gobierno (PSPV, Guanyar y Compromís) defendieron sus reivindicaciones cuando estaban en la oposición.