La Audiencia indaga a dos municipios por apoyar la resolución soberanista

Dos juzgados de la Audiencia Nacional han abierto diligencias contra los Ayuntamientos de La Seu d’Urgell (Lleida) y Celrà (Girona) para investigar si los miembros del pleno municipal cometieron delitos de rebelión, sedición y otros al aprobar una moción de apoyo a la resolución independentista del Parlament. Esa resolución fue suspendida por el Tribunal Constitucional. Las causas judiciales tienen su origen en los escritos de la fiscalía dirigidos al juez en los que “urge” a que se identifique a los ediles que adoptaron los acuerdos y reclama documentación.

Las diligencias se abrieron en los juzgados centrales de instrucción 1 y 4 de la Audiencia Nacional a partir de los atestados que había realizado la Guardia Civil por la aprobación de sendas mociones en los plenos municipales de Celrà y La Seu d’Urgell. Los informes policiales, a su vez, se habían redactado tras la orden remitida por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, a todos los cuerpos y mandos policiales; esa orden les instaba a que “con carácter urgente” enviasen los atestados cuando tuvieran conocimiento de la adopción de acuerdos institucionales “haciendo caso omiso de la decisión del Tribunal Constitucional”, que suspendió el 11 de noviembre la resolución independentista del Parlamento de Cataluña, aprobada dos días antes.

En el caso de Celrà, municipio gobernado por la CUP, la moción de apoyo a la resolución independentista se aprobó el 10 de noviembre; en La Seu d’Urgell, el 11. El alcalde de este municipio es Albert Batalla, de Convergència, y diputado de Junts pel Sí.

La fiscalía presentó un escrito idéntico en cada juzgado, fechado el 25 de noviembre, en el que razona que las mociones en favor de la resolución independentista pueden constituir un delito de sedición y rebelión porque, aunque no se emplee fuerza o violencia, como exige el Código Penal, se está impidiendo en la práctica “la aplicación de las leyes y el normal funcionamiento de las instituciones”. La fiscalía añade que, “además de cambiar la organización territorial del Estado y declarar la independencia de una parte del territorio nacional”, los acuerdos secesionistas de los Ayuntamientos “tendrían encaje penal también como delitos contra la forma de Gobierno”.

Además de sedición y rebelión, la fiscalía entiende que los alcaldes y concejales que votaron a favor de esas mociones podrían ser acusados de prevaricación, desobediencia, usurpación de atribuciones y uso indebido de fondos públicos.

Los escritos del fiscal recuerdan que la ilegalidad de la resolución independentista que votó el Parlament ya fue “certificada” por el Tribunal Constitucional cuando la suspendió de manera cautelar tras el recurso del Gobierno, por lo que los acuerdos adoptados para la “ejecución de ese mandato ilegal o de apoyo al mismo” pueden suponer la comisión de esa ristra de delitos por parte de los Consistorios.

Sobre la base de ese razonamiento, la fiscalía reclama  al juez que solicite “con urgencia” a los Ayuntamientos de La Seu d’Urgell y Celrà la resolución adoptada en el pleno municipal, la identidad del alcalde y los concejales que votaron a favor y en contra, así como los informes del secretario e interventor y “demás documentación obrante en el expediente”. La fiscalía también pide que se oficie al comisario jefe de los Mossos d’Esquadra para que informe “urgentemente” en el mismo sentido.

Días antes de que el Parlament aprobara la resolución secesionista en la que insta a “desconectar” de España, la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM) anunciaron que promoverían mociones de apoyo a ese acuerdo entre las instituciones asociadas. Así, 918 Ayuntamientos y otros 85 entes locales, entre ellos las cuatro Diputaciones y los consejos comarcales, recibieron un texto de moción muy breve que expresa “el pleno apoyo y la adhesión” a la resolución independentista y acuerda remitirlo a la presidenta del Parlament, al presidente de la Generalitat, a la AMI y la ACM.

La resolución del Parlament fue aprobada con los votos a favor de los 62 diputados de Junts pel Sí y los 10 de la CUP, y el voto en contra de los 63 diputados de Ciudadanos, PSC, PP y Catalunya Sí que es Pot.