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Las entidades piden a los candidatos subir el salario mínimo a 800 euros

La Mesa del Tercer Sector hace sus propuestas a los candidatos a las elecciones generales

La Mesa del Tercer Sector pidió este lunes a los partidos que concurren a las elecciones generales del próximo 20 de diciembre que se aumente el Salario Mínimo Interprofesional hasta los 800 euros para equipararlo así a los niveles recomendados por la Carta Social Europea. Se trata de una de las 26 propuestas que han formulado las más de 3.000 entidades que agrupa la Mesa y que serán presentadas a todos los cabezas de cartel por la demarcación de Barcelona. El documento, llamado Fortalecer el Estado del bienestar para crecer socialmente pide también profundos cambios a nivel impositivo. “Hoy nuestro sistema fiscal es regresivo y fomenta las desigualdades”, aseguró Oriol Illa, presidente de la Mesa.

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para este año es de 648,6 euros y solo ha subido un 2,4% desde 2010. Los sindicatos critican que los aumentos de los últimos años son insuficientes para permitir la recuperación del poder adquisitivo perdido durante la crisis. Illa se alineó con las centrales en su propuesta de que en dos años se llegue a los 800 euros. Durante las negociaciones del año pasado, los sindicatos propusieron una subida del 12,5% para 2015 y del 10,25% 2016, de manera que se llegará a los 800 euros. El Gobierno, sin embargo, solo decretó un aumento del 0,5%.

“Tenemos un 15% de trabajadores que, a pesar de tener ingresos, están por debajo del umbral de pobreza en Cataluña”, recordó Illa. El presidente de la Mesa explicó que la Carta Social Europea recomienda como salario mínimo el 60% de la media de los salarios de cada país, por lo cual se trata de una cantidad acorde con la realidad del entorno. “España está muy por debajo de lo que le correspondería”, remachó.

Otra estrategia contra la pobreza energética

La ayuda de las Administraciones contra la pobreza energética debe ir más allá de pagar los recibos. Bajo este enfoque, el Ayuntamiento de Barcelona puso ayer en marcha un nuevo programa, en fase piloto, para atender de una manera más completa a las personas que no pueden responder a las suministradoras.

La iniciativa busca asesorar a las familias, a través de las oficinas de vivienda de Sant Martí, Nou Barris y Sant Andreu, sobre ahorro energético; ayudarles a tramitar los cambios en la potencia contratada o incluso visitar los domicilios para identificar necesidades de rehabilitación que aumenten la eficiencia energética de los hogares. “Creemos que hay gente con problemas para pagar los recibos que ni siquiera tiene el bono social, debido a que es un trámite farragoso”, aseguró Laia Ortiz, segunda teniente de alcalde.

Fiscalidad más justa

Otra de las propuestas de la Mesa aboga por una reforma fiscal “con más capacidad redistributiva”. Las entidades apuestan por un modelo de impuesto negativo que permitiría compensar a las familias con menos recursos tras hacer la declaración de la renta. “Se trataría de una manera efectiva de dar pasos hacia la progresividad del sistema. Esto permitiría además estimular el consumo”, explicó Illa.

Las entidades sociales también apuestan porque se garantice en la ley que ninguna pensión no contributiva esté por debajo del umbral de la pobreza. Algo en lo que también se ahondó ayer durante la presentación del Observatorio Social de las Personas Mayores de Comisiones Obreras.

El secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Cataluña, Miquel Lluch, recordó cómo desde 2011 no han subido el Índice de Suficiencia de Renta de Cataluña (Irsc) o el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), los dos baremos sobre los que se determina la entrega de muchas ayudas sociales, como por ejemplo, el acceso a viviendas sociales. Lluch criticó que esto ha hecho que, en la práctica, muchos pensionistas queden fuera de las ayudas. También abogó por una manera diferente de hacer las valoraciones pues cada vez son más las familias que dependen de los ingresos de los jubilados.

Otra de las peticiones del Tercer Sector catalán pasa por reformar el sistema y financiamiento de la Ley de la Dependencia. “Por cada euro, 87 céntimos los aporta ahora la Generalitat”, recordó el presidente de la Mesa. Además, creen las entidades, sería necesario establecer un nuevo baremo de copago de los servicios vinculados a la dependencia que, según Illa, “tenga parámetros asumibles y justos”.

El conflicto histórico entre las entidades catalanas y el Gobierno central por la manera como se reparte lo recaudado a través de la casilla de la declaración de la renta también se aborda dentro del documento. La Mesa espera un cambio de actitud por parte del futuro Ejecutivo y que se cumplan las sentencias judiciales que obligan al Estado a transferir estos fondos a las Comunidades Autónomas. El Gobierno pretendía que solo pudieran acceder a esta fuente de financiación las entidades de ámbito estatal dejando fuera, por ejemplo, a Arrels Fundació, que trabaja con sin techo.

Las entidades enmarcaron sus propuestas, agrupadas en seis bloques, dentro de una situación de crisis sucesivas pero en la que las cifras macroeconómicas parecen mostrar una mejoría que, sin embargo, no termina de llegar a la calle. Illa recordó que los indicadores estadísticos ponen a España “a la cola” de las políticas sociales en Europa. Un 29,2 % del total de los españoles está en el umbral de la pobreza (5 puntos por encima de la tasa en la UE) y el 24,4 % de paro (14 puntos más).