La fiscalía investigará en Vigo graves deficiencias en quirófanos y Urgencias

Material quirúrgico mal esterilizado, retrasos en operaciones urgentes, pacientes atendidos en estado delicado que esperan solos por una prueba o barreras arquitectónicas que impiden vigilar a enfermos en la UCI. Estas son algunas de las graves deficiencias del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, un complejo con un coste de 1.400 millones de euros que la Xunta de Galicia estrenó en septiembre, que han sido denunciadas ante la fiscalía por el Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra. Para formular la denuncia, que ha sido ratificada este martes ante el ministerio público, la entidad ha recabado testimonios de un centenar de profesionales sanitarios de diez servicios del centro hospitalario vigués, preocupados por las consecuencias que estos defectos de diseño y organización en el Álvaro Cunqueiro puedan tener para la salud y vida de los pacientes.

Los enfermeros denuncian los problemas que está causando, por ejemplo, el hecho de que el nuevo hospital no cuente con un servicio de esterilización de material en sus dependencias. La limpieza del instrumental se realiza en los hospitales antiguos (el Xeral y el Meixoeiro), una distancia que dificulta el correcto lavado (los residuos se adhieren aún más por el tiempo transcurrido) y que, según afirma la denuncia, provoca la suspensión y retraso de intervenciones, así como la desesperada utilización de otro material menos apropiado "con el consiguiente riesgo". Una portavoz del colegio de enfermería denunció hace unas semanas en el pleno municipal de Vigo la realización de una craneotomía de urgencia con un “motor incompleto” porque el adecuado no estaba listo a tiempo.

Las deficiencias en el diseño del edificio que acoge el hospital, un proyecto estrella de los mandatos del presidente popular Alberto Núñez Feijóo que ha provocado hondo malestar entre trabajadores y usuarios además del cese de la consejera de Sanidad, ponen en riesgo a los enfermos por "desatención", señala la entidad colegial que preside Carlos Fernández. El servicio de rayos, relata la organización denunciante, está separado de las dependencias de Urgencias por un largo pasillo de 200 metros, por lo que los pacientes esperan solos, sin supervisión médica de ningún tipo, a que se le realice el diagnóstico por imagen. El colegio de enfermería, que achaca el problema asimismo a la falta de personal y de protocolos asistenciales, alerta del peligro de que esos usuarios de Urgencias sufran algún tipo de reacción anafiláctica, una pérdida de consciencia, una bajada de tensión o una arritmia, sin que nadie pueda atenderlos con la debida prontitud.

Sin asistencia médica viajan también en ambulancia, añade la denuncia ante la fiscalía, los pacientes que deben ser sometidos a un TAC en otro centro hospitalario de Vigo debido a que las máquinas del nuevo hospital sufren averías con frecuencia. Por último, el ministerio público investigará el diseño de la UCI de adultos y pediátrica que, según el colegio de enfermería de Pontevedra, carece de espacios diáfanos que permitan la correcta vigilancia de los enfermos allí ingresados.

El colegio de enfermería asegura que se ha visto "desbordado" por la "consecutiva aparición de incidencias" en el Álvaro Cunqueiro que "exponen" a los profesionales a un "supuesto de omisión de socorro sancionado por la ley" provocado por deficiencias "ajenas a su rigor y responsabilidad". Según explica la entidad en un comunicado, las "taras" que los servicios médicos del centro presentan, tanto las leves como las "muy graves que representan un riesgo para el ejercicio profesional y para el propio paciente", están siendo recopiladas en un informe.

La investigación de la fiscalía no es la única que pesa sobre el polémico hospital Álvaro Cunqueiro. La Comisión Europea analiza ya una denuncia contra la tramitación del proyecto presentada por la Asociación pola Defensa da Sanidade Pública en septiembre. El colectivo considera ilegal que la obra fuese adjudicada por la Xunta como una concesión pública y no como una colaboración público-privada, modelo al que siempre ha ligado la obra el Gobierno de Feijóo y que consiste en que la empresa adelante el dinero que cuesta el complejo y que luego las arcas públicas le van abonando a través de un canon anual.

Los defensores de la sanidad pública consideran que también se conculcó el contrato de financiación firmado con la adjudicataria cuando, para esquivar los graves problemas que tenía la UTE liderada por Acciona para lograr un crédito con el que pagar los trabajos, se le concedió un préstamo del Banco Europeo de Inversiones que precisó el aval de la Xunta. A cambio de ese compromiso de financiar la infraestructura por su cuenta, la contratista ha recibido la explotación de todos los servicios no sanitarios.